jueves, 7 de octubre de 2010

Buscan dar mayor protección jurídica a las fábricas recuperadas

La Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado tratará esta semana un proyecto que busca dar mayor protección jurídica a las fábricas recuperadas o a las que están en proceso de quiebra. En la actualidad existen 236 compañías recuperadas que emplean a cerca de 20 mil personas y entre ellas más de una decena pertenecen a Quilmes, Florencio Varela y Berazategui.



El Senado de la Nación se apresta a discutir un proyecto de ley que busca dar mayor protección legal a las fábricas recuperadas por los trabajadores. La propuesta inicial se remonta a 2007, pero fue ahora reingresada al Parlamento luego de que la primera versión caducara en Diputados. El proyecto "S-0635/09" fue presentado por el senador Gerardo Morales (UCR). En concreto el texto normativo consta de 16 artículos que buscan modificar varios puntos centrales de la actual ley 24522 de Concursos y Quiebras.

"A partir de la década de los noventa y desde el inicio del nuevo milenio comenzó a desarrollarse en nuestro país un fenómeno inédito en el mercado, como es la recuperación y gestión de fábricas en proceso de quiebra por parte de los propios trabajadores. El principal objetivo de esta modalidad es muy claro: preservar la fuente de trabajo, asegurando la continuidad laboral", expresó en los fundamentos de la norma el legislador jujeño.

La modificación propuesta tiene cuatro ejes principales: a) continuidad inmediata; b) se coloca en pie de igualdad a los créditos prendarios y a los laborales; c) adjudicación directa a los trabajadores; y d) suspensión de ejecuciones hipotecarias y prendarias.

Respecto de la "continuidad inmediata de la producción", la reforma la contempla a través de los Trabajadores organizados en Cooperativa de Trabajo. Actualmente la continuidad de la empresa es excepcional y bajo la administración del síndico.

"Esto es muy importante ya que los jueces van a tener la posibilidad de otorgar la continuidad inmediata y bajo la administración de los trabajadores y no a través del síndico. Sólo deben realizar el pedido formal los trabajadores organizados en Cooperativa de Trabajo, con un proyecto de inversión, producción y ventas y todas las exigencias que hoy cumplen las fábricas recuperadas. Los jueces luego de dar traslado a la sindicatura deben otorgar la continuidad de la explotación a la Cooperativa de Trabajo", manifestó Morales. En cuanto a la igualación en "créditos prendarios y a los laborales", el proyecto propone: "a) no se suspenden los intereses de los créditos laborales, serán actualizados desde la fecha en que debieron haberse pagado hasta el momento del efectivo pago.; b) la quiebra habilita al cobro del 100% de los créditos laborales debidos al trabajador, por su naturaleza alimentaria; c) se extiende el asiento del Privilegio Laboral al fondo de comercio, marcas y patentes; d) los trabajadores podrán compensar el crédito para la adquisición de las maquinarias, materia prima, mercaderías". "En la actual Ley de Concursos y Quiebras el acreedor prendario tiene mayor privilegio que el acreedor laboral", aseveró Morales.

A la par, con la reforma los trabajadores estarán habilitados "para hacer una oferta para que se les adjudique en forma directa los bienes de la quiebra, al precio de la tasación realizada por el juzgado para que sea un precio justo y resguardar los intereses de los acreedores dentro de los que se encuentran los trabajadores". En la ley el juez no puede adjudicar en forma directa los bienes salvo los casos especiales (artículo 213).



Salida para los trabajadores



Sobre la "suspensión de ejecuciones hipotecarias y prendarias", los fundamentos del proyecto consignan: "a la adjudicación directa se llega porque se suspenden las ejecuciones hipotecarias y prendarias y además se extiende el plazo de liquidación hasta que el juez lo determine y cumpliendo el ciclo económico que no puede ser inferior a 24 meses para dar la posibilidad de capitalización a los trabajadores para realizar la oferta de compra directa".

En Argentina existen en la actualidad más de 230 fábricas recuperadas que emplean cerca de 20 mil trabajadores, la idea apunta a poder preservar esas fuentes laborales en pos de los derechos laborales de los asalariados.

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