Según informaron los abogados querellantes que intervienen en la investigación, el resultado de medidas probatorias permitió avanzar en el proceso judicial. La hipótesis ya es una sola: a Franco lo mató la policía.
“Hemos podido durante todo este tiempo incorporar nuevo material probatorio al expediente y estamos en condiciones de próximamente llamar a indagatorias a los presuntos responsables penales de la desaparición forzada de Franco Casco”, expresó en la mañana de este jueves Guillermo Campana, abogado querellante de la causa por desaparición y muerte del joven de veinte años oriundo de Florencio Varela que fue hallado sin vida en el Río Paraná luego de haber sido detenido en la Comisaría 7ma en octubre de 2014. En una conferencia de prensa brindada en las puertas de los Tribunales Federales de Rosario, los integrantes de las querellas que investigan el caso dieron a conocer los recientes avances en la causa que desde diciembre pasado se desarrolla en el fuero federal.
Pasaron ocho meses y medio del día en que Franco Casco fue detenido por el personal policial de la Comisaría 7ma el 6 de octubre pasado. Su cadáver fue hallado el 30 de aquel mes, el mismo día en que cientos de personas se movilizaban a las puertas de la comisaría a exigir su aparición con vida, y horas después de que un funcionario provincial asegurara que el joven había sido visto con vida en una capilla de la zona. Fueron 24 días en donde la investigación del poder judicial santafesino sólo empoderó la versión policial, que confirmaba que Franco había sido liberado y que su muerte podría ser producto de un accidente del cual la fuerza policial no había participado. En los meses siguientes, hasta que la causa pasó a fuero federal para ser investigada como desaparición forzada de personas, la investigación repartida entre la fiscalía a cargo de Guillermo Apanowicz y la división Asuntos Internos de la policía continuó sin avances. Una serie de notorias irregularidades en este proceso permitieron que el entonces representante de la familia, el defensor general de la provincia Gabriel Ganón, y las organizaciones sociales y políticas que acompañaban, hablaran de encubrimiento y complicidad del poder judicial y político.
Desde diciembre a esta parte, entre la investigación de la fiscalía federal y las tres querellas que intervienen, sólo se dio lugar a una hipótesis: a Franco lo mató la policía. En este camino se fueron recolectando medidas probatorias que hoy permiten acercarse a las indagatorias al personal policial comprometido en la autoría material de la detención, desaparición y muerte de Casco. Un detalle sustancial que podría desestimar de plano la inverosímil versión policial, es que Franco no fue detenido el día 7 como había sido establecido. “Franco fue detenido el día 6 de octubre y no el 7 como indica el personal de la Comisaría 7ma, y luego fue desaparecido”, aclaró Campana a los medios de comunicación. Por otro lado, anunciaron que el juez que encabeza la causa, Carlos Vera Barros, autorizó la realización de una nueva autopsia que podría servir para confirmar que el joven fue víctima de una muerte violenta. En este sentido, desde la querella desestiman la autopsia realizada en su momento por el Instituto Médico Legal. “En la causa se ha probado que la primer autopsia fue deficitaria, hubo detalles que no surgieron y luego pruebas que se acercaron a la causa demostraron que esa autopsia miente o ha hecho laguna en ciertos datos que debería haber arrojado”, explicó Santiago Bereciartúa, abogado querellante por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Hasta el momento, el objetivo de la investigación está puesto en desentramar la responsabilidad penal del personal de la Comisaría 7ma. Más adelante en el devenir de la causa habrá oportunidad de trabajar sobre el accionar de los funcionarios provinciales que intervinieron en un primer momento. Respecto del rol de la policía, Bereciartúa consideró: “Cualquier personal policial que estuvo en la Comisaría durante la detención de Franco, nosotros entendemos que algún grado de participación le va a caber. No queremos adelantarnos y decir qué cantidad de personas va a ser llamado a indagatorias pero sí le podemos decir que el personal de la 7ma está implicado”. “Todas las otras responsabilidades que puedan venir después no las hemos charlado entre la querella, por lo tanto no podemos salir a decir que vamos a pedir indagatorias a otras personas”, continuó. Fue Ignacio Del Vecchio, secretario de Control de las Fuerzas de Seguridad de la provincia, quien el mismo día del hallazgo del cadáver aseguró haber visto, a través de una cámara seguridad, a Franco mendigando en una iglesia evangélica de la zona. Fue el mismo fiscal Apanowicz el que avaló está declaración y habló de una accidental caída al río. Criterios dudosos que permiten no descartar el cuestionamiento a la manera en la que actuó el gobierno provincial.
Mientras tanto, tal como expresaron los abogados, se está avanzando sobre pruebas entre las cuales se encuentra la mencionada nueva autopsia. Además, la causa incorporó al fiscal Santiago Marquevich, nombrado por la procuradora general de la nación Alejandra Gils Carbó.
La movilización popular como motor en la búsqueda de justicia
Desde un primer momento cuando allá por octubre de 2014 Elsa Godoy y Ramón Casco, padres de Franco, todavía buscaban a su hijo, distintas organizaciones sociales y políticas de la ciudad se unieron a la familia y forjaron así un proceso paralelo exigiendo esclarecimiento. Hoy continúan este camino conformados en una multisectorial que no sólo interviene en la búsqueda de justicia sino que además acompaña en las necesidades de la familia que ya se encuentra instalada en la ciudad.
Para esta ocasión se preparó un comunicado en el que se continúa exigiendo justicia y asegurando la importancia de mantener vigente el reclamo popular. “Advertimos que esta multisectorial no va a abandonar las calles y los tribunales hasta que se condene de manera firme a todos los responsables por la desaparición y el asesinato de Franco. La causa judicial avanza con seriedad y a paso firme. Estamos en este momento a la espera del nuevo fiscal federal que debe asumir en la causa. Le exigimos plena dedicación y celeridad en el trabajo con los abogados querellantes que representan a la familia Casco y Godoy”, expresó el documento haciendo alusión, entre otros asuntos, a la designación del nuevo fiscal.
Pero además, entre sus líneas, se extendió al caso Casco como parte de una problemática padecida en un contexto general de violencia en el cual se estigmatiza y atenta contra la juventud castigada por la pobreza, llegando incluso a la muerte y sumergiendo a sus familiares en procesos judiciales inconclusos que, a su vez, permiten la repetición de estos hechos. En este sentido se remarcó: “Los hostigamientos, las torturas, los encarcelamientos arbitrarios, las desapariciones y los homicidios, son prácticas habituales que ejecutan contra lxs jóvenes de los barrios populares las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales. En ese contexto general se inscribe lo ocurrido con Franco en octubre de 2014. Por él, por su familia, pero también por tantas vidas jóvenes asesinadas, lucharemos incansablemente hasta lograr nuestro principal objetivo: que haya condenas ejemplares”.
Notas relacionadas:
“A Franco lo mató la policía”
“Proponemos medidas de investigación que salgan de la hipótesis policial”
Comunicado completo de la Mulstisectorial en pedido de justicia por Franco Casco:
Desde hace nueve meses las organizaciones sociales y partidos que conformamos esta Multisectorial venimos exigiendo justicia por la desaparición y asesinato de Franco. Su cuerpo sin vida flotando en las aguas del río Paraná, en la zona centro de nuestra ciudad, puso de manifiesto los aberrantes alcances de la impunidad cedida por el poder político local a las fuerzas de seguridad. Aquella tarde, en la que conocimos espantosa y dolorosa noticia, estábamos marchando y reclamando su aparición con vida frente a la comisaría 7ma, cuyos integrantes son los responsables directos de la privación ilegítima de la libertad, las torturas, la desaparición y su homicidio.
A partir de entonces intensificamos las protestas en las calles, en las redes sociales y en los Tribunales. El gobierno provincial, encabezado por Antonio Bonfatti, se mantuvo cruelmente indiferente respecto a los pedidos de audiencia de la familia, a la que vez puso todo tipo de trabas para el esclarecimiento del caso. En diciembre de 2014 obtuvimos un vital logro judicial pero también político: la causa pasó al fuero federal bajo la carátula “desaparición forzada de persona”. La jueza provincial Roxana Bernardelli dejó lívido al oscuro fiscal de la causa, Guillermo Apanovicz, cuando declaró la incompetencia por vía declinatoria: “No voy a permitir que pase un mes más para que esto se investigue como corresponde. Es una grave violación de los derechos humanos y no se puede esperar que transcurran los años”.
Los asesinatos de pibes y pibas pobres ocupan transitoriamente espacios en los medios de comunicación. Los familiares y vecinos, sin embargo, transitan durante años, con el dolor a cuestas, los juzgados, las fiscalías, las oficinas de los abogados, intentando hacer oír su reclamo frente a una burocracia entrenada para expulsarlos. Lamentablemente sabemos que son ínfimos, excepcionales, los casos que logran sentencias.
Pero advertimos que esta multisectorial no va a abandonar las calles y los tribunales hasta que se condene de manera firme a todos los responsables por la desaparición y el asesinato de Franco. La causa judicial avanza con seriedad y a paso firme. Estamos en este momento a la espera del nuevo fiscal federal que debe asumir en la causa. Le exigimos plena dedicación y celeridad en el trabajo con los abogados querellantes que representan a la familia Casco y Godoy.
Los hostigamientos, las torturas, los encarcelamientos arbitrarios, las desapariciones y los homicidios, son prácticas habituales que ejecutan contra lxs jóvenes de los barrios populares las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales. En ese contexto general se inscribe lo ocurrido con Franco en octubre de 2014. Por él, por su familia, pero también por tantas vidas jóvenes asesinadas, lucharemos incansablemente hasta lograr nuestro principal objetivo: que haya condenas ejemplares.
enredando.com
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