Hay gestos que hablan por sí solos. No hacen falta palabras. Raúl Pascual Muñoz, intendente de facto durante la dictadura militar en Florencio Varela, ex jefe del Departamento Personal (G1) del Estado Mayor del Comando de Instituto Militares entre 1980 y 1982, fue indagado el jueves en los tribunales de San Martín por su rol en la desaparición de Ana María Martínez quien fue secuestrada alrededor de las 20.30 del 4 de febrero de 1982, a metros de su casa de Villa de Mayo. Se le imputa la privación ilegal de la libertad y el asesinato de la joven. No es la primera vez que el represor se sienta en el banquillo de los acusados: está procesado desde marzo de 2014 por delitos de lesa humanidad en la megacausa de Campo de Mayo, en el expediente en que se investigan más de cien crímenes cometidos por el terrorismo de Estado durante la llamada Contraofensiva Montonera.
Está detenido con prisión domiciliaria. Y luego de la denuncia de Infosur fue apartado de su cargo en el Instituto Sanmartiniano por la Ministra de Cultura de la Nación, Teresa Parodi.
Muñoz llegó a los tribunales de San Martín caminando del brazo de su mujer, como cualquier ciudadano común y no como un represor al que se le adjudican decenas de homicidios. Arribó por sus propios medios: no fue trasladado por ninguna fuerza de seguridad sino por su abogado defensor, en un auto particular. Las fotos que tomó Gustavo Molfino y se reproducen en esta nota son elocuentes: el acusado le dedicó un gesto burlón al trabajador de prensa que lo fotografió. Ante el tribunal, Muñoz se negó a declarar.
La comisión de Familiares, Amigos y Compañeros de Ana manifestó su indignación por ver a un genocida llegar sin custodia alguna desde su prisión domiciliaria. “Es la impunidad a la que están acostumbrados”, señaló Cáceres que, además de integrar la comisión, es historiador y secretario General de Suteba, en Tigre. “Realmente es una burla ver a esta persona llegar lo más campante a declarar, sin otra compañía que su esposa, como si estuviera de paseo por San Martín”, agregó Llonto.
MÀS CAUSAS
La desaparición de Ana se investiga en la megacausa “Campo de Mayo”. El secuestro sucedió en General Sarmiento y los restos fueron hallados en Punta Querandí, zonas que durante la última dictadura estaban bajo jurisdicción del Comando de Institutos Militares. La imputación por el homicidio de Ana alcanza a los responsables de la gran guarnición militar.
Ana, de 31 años al momento de su desaparición, militaba en el Partido Socialista de los Trabajadores (PST) de Mar del Plata, su ciudad natal, que debió abandonar cuando se desató la represión. Se trasladó a la zona norte del Gran Buenos Aires. Allí trabajó en diversas fábricas, la última DEA, una empresa de reguladores de voltaje y otros elementos eléctricos para automóviles, en Carapachay. Alternaba su trabajo con la militancia y colaboraba con comedores del barrio. Sus compañeros recuerdan su vocación por el otro y aseguran que transitaba un embarazo de dos a tres meses.
En la víspera de la guerra de Malvinas, el asesinato de Martínez impactó a la sociedad argentina. “La aparición del cadáver de Ana generó un impacto muy fuerte en una sociedad, que empezaba a sacarse la venda para ver lo que ocurría. El caso fue noticia destacada durante muchos días. Era una etapa en la que había mermado la cantidad de secuestros. Entre 1982 y 1983 ocurren episodios muy aislados. A esa altura, las noticias por violaciones a los derechos humanos tenían más espacio en los medios de comunicación”, dijo a Infojus Noticias el abogado Pablo Llonto, querellante en la causa. “¿Quién mató a Ana María Martínez?”, llegó a titular en su portada la revista Gente, una publicación que durante toda la dictadura combinó complicidad con negación del terrorismo de Estado.
La desaparición de Ana se investiga en la megacausa “Campo de Mayo”, que instruye la jueza federal de San Martín, Alicia Vence, porque el secuestro sucedió en el partido de General Sarmiento y los restos fueron hallados en lo que hoy es Punta Querandí, zonas que durante la última dictadura estaban bajo jurisdicción del Comando de Institutos Militares. La imputación por el homicidio de Ana alcanza a los responsables de la gran guarnición militar. Una hipótesis de la investigación apunta también a personal de la policía de la provincia de Buenos Aires. “Es una de las líneas a seguir investigando”, indicó Llonto.
“Una testigo declaró dos años atrás que le llamó la atención un auto que estaba estacionado cerca de la casa de Ana, unos días antes del secuestro. En ese auto dijo que estaba (el ex comisario) Luis Abelardo Patti. Por ahora, el juzgado ha decidido imputar solamente a militares”, añadió el letrado.
Epígrafe. Raúl Muñoz, poco después de la denuncia de Infosur, fue detenido por delitos de lesa humanidad.
Epifgrafe. Un año después, detenido con prisión domiciliaria, cae jocoso a los tribunales que lo juzgan. Fotos Gustavo Molfino.
El horror en Varela
Según el listado de funcionarios de la comuna local que publicó la Dirección de Derechos Humanos de Varela a comienzos del 2013 en el marco de la política contra el olvido, Muñoz fue designado jefe comunal el 25 de marzo de 1976, con el comienzo de una de las etapas más duras de persecución y muerte, siendo relevado de su cargo el 13 de junio de 1976.
Se presume que Muñoz fue el encargado de la etapa más dura de la represión en Varela con datos que hasta ahora se desconocían y que se ventilarán en un juicio. Muñoz desempeñó en los últimos tiempos un cargo en el Instituto Sanmartiniano.
infosurdiario.com.ar
No hay comentarios:
Publicar un comentario