A. tiene dos años. Vive junto a su madre Reina Maraz Bejarano que cumple condena con arresto domiciliario en condiciones precarias y vulnerables. Las medidas restrictivas de la libertad de la madre vulneran también los derechos de su hija. La Comisión Provincial por la Memoria reclama la intervención del Estado con el fin de garantizar los derechos de ambas y denuncia que el caso de Reina es un caso testigo de los padecimientos que sufren las mujeres en esta condición de detención.
Una sentencia que desconoció las graves irregularidades durante la instrucción y el juicio y que ejerció múltiples vulneraciones sobre Reina. La discrecionalidad de los operadores judiciales revictimizó a Reina por su triple condición de clase, género y etnia. En la actualidad, Reina se encuentra cumpliendo la condena con arresto domiciliario. Vive junto a su hija más pequeña –nacida en la Unidad 33 de Los Hornos– en la casa de unos familiares radicados en el Gran Buenos Aires. Si bien el arresto domiciliario aparece como un beneficio del sistema penal para garantizar los derechos de las mujeres al cuidado de sus hijos e hijas, las mismas condiciones del encierro impiden el efectivo ejercicio de los derechos fundamentales.
Falta de recursos económicos. Acceso deficiente a la salud y la educación. Sin asistencia social e imposibilitada de reinsertarse laboralmente. La ausencia de actores judiciales y estatales y de políticas públicas integrales destinadas a detectar y dar respuesta a estas problemáticas que se desprenden de la situación de detención es preocupante.
Ante el abandono del Estado, incapaz de garantizar sus derechos y, especialmente, los derechos de su hija, la Comisión Provincial por la Memoria y otras organizaciones sociales se reunieron para unificar criterios de acompañamientos y líneas de acción con el fin de obtener una respuesta reparatoria de estas múltiples vulneraciones.
La situación de Reina Maraz es un caso testigo de las mujeres abandonadas por el sistema judicial y penal durante su arresto domiciliario. En un artículo publicado en la reciente edición de la revista de la CPM Puentes, Ileana Arduino explicaba que “el encierro domiciliario, en la práctica, resulta extorsivo: la inmensa mayoría de las mujeres privadas de la libertad son jefas de hogares monoparentales, el abanico de opciones laborales según sus capacidades es incompatible con el encierro domiciliario”.
En el caso de Reina, las estrictas condiciones del encierro son, constantemente, remarcadas por los agentes de monitoreo que la amenazan con quitarle el beneficio de la detención domiciliaria. El hostigamiento refuerza el flagelo del encierro y configuran un sistema extorsivo y opresivo. Estas limitaciones no sólo atentan contra la inserción de las mujeres detenidas sino que desencadena en efectos preocupantes para los derechos de los hijos e hijas que tienen a su cargo.
“Ella tiene afectados los derechos de libertad, no la nena; estamos reclamando que se flexibilicen las medidas restrictivas de la libertad de Reina para que no se vulneren los derechos de la hija”, explicaron desde la CPM. Y agregaron: “El Estado debe garantizar el derecho de la nena a acceder a la educación y la salud. Es parte de las responsabilidades determinadas por el sistema de promoción y protección de los derechos de los niños”.
Con el objetivo de diseñar estrategias de intervención en el caso, se realizó una reunión de trabajo con la participación de los Programas de Litigio Estratégico y de Pueblos Originarios y Migrantes de la CPM, y se preparó un informe de las múltiples acciones realizadas de un año a esta parte. El documento señala que, junto a las organizaciones presentes: Campaña Nacional contra las Violencias hacia las Mujeres, Federación de Organizaciones de Base, Pañuelos en Rebeldía y Munani Justiciata, se están desarrollando líneas de acción para dar respuestas a los problemas que atraviesa Reina en su encierro.
A partir de esta articulación con organizaciones y dependencias públicas se resolvió la inscripción de la nena en un centro educativo cercano al domicilio donde viven, se activaron múltiples mecanismos tanto para que los problemas de salud de ambas puedan asistirse debidamente como para acceder a la AUH aún en trámite. Por otra parte, se espera aún que el Tribunal autorice salidas transitorias para que Reina pueda llevar a su hija a la escuela.
Reina está acompañada pero hay otras mujeres que padecen el mismo abandono. El Estado es el garante de los derechos y debe dar respuesta frente a estas múltiples vulneraciones. Sin embargo, muchas veces organismos de derechos humanos y organizaciones sociales cumplen el rol que le corresponde al Estado. “De este modo, se desnaturaliza el rol de las organizaciones e instituciones que, por razones humanitarias, terminan supliendo las ausencias de los actores judiciales y estatales. El desafío, entonces, es visibilizar esta problemática y reclamar políticas públicas activas en cuyo centro deben estar las mujeres y sus hijos. No podemos aceptar que los arrestos domiciliarios terminen siendo un mero modo de habilitar cupos en las unidades penitenciarias permitiendo que se perpetúen e incrementen aún más los flagelos que las personas sufren en el encierro”, sostuvieron desde la CPM.
Mientras tanto, a más de un año de la condena, el recurso de apelación presentado en Casación no registra avances sustanciales y confirma otros de los rasgos sistémicos del Poder Judicial: Los tiempos de la justicia nunca coinciden con el tiempo de las víctimas. Las dilaciones judiciales son doblemente gravosas no sólo porque impide un efectivo acceso a la justicia sino porque, al mismo tiempo, mantiene las graves violaciones a los derechos humanos que padecen las víctimas.
infosurdiario.com.ar
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