El Manifiesto de los caraduras

Análisis - Rolando Barbano

Despertaron tras un sueño de doce años y por fin abrieron los ojos. Lo que vieron los sorprendió: parece que en el Conurbano a la gente la asaltan, la secuestran y la matan por dos pesos. Valientes, se animaron a denunciarlo en una carta a la gobernadora Vidal: “Queremos hacerle llegar nuestra profunda preocupación respecto de los hechos de inseguridad que se vienen suscitando y el crecimiento del narcotráfico de estupefacientes en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires”, escribieron esta semana. “El país se encuentra atravesando una ola de violencia y de delitos extrema, preocupante; muchos argentinos están muriendo o despojados de todos sus bienes, víctimas de hechos de inseguridad”. Humildes a pesar de tamaño descubrimiento, firmaron como “Federación Argentina de Municipios”. Pero no deben quedar anónimos: los autores son los 54 intendentes peronistas de la Provincia, encabezados por Julio César Pereyra (intendente de Florencio Varela desde 1992) y Verónica Magario (ahijada política de Fernando Espinoza, diez años intendente de La Matanza). Los mismos -o sucesores de los mismos- que el año pasado sólo se preocupaban por tener un comisario amigo en la Policía de su distrito, sin importarles que algún malpensado sospechara que lo único que querían era tener control sobre la caja negra.

No fueron los únicos en alzar la voz: Daniel Scioli pidió “un nuevo marco jurídico que tenga tolerancia cero al uso de armas”. Ocho años como gobernador bonaerense, parece, no le alcanzaron para hacer algo.

Las caras bien duras.

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