Universidades públicas y transparencia

Algunas de las casas de altos estudios investigadas por malversación de fondos siguen recibiendo del Estado cuantiosos recursos extrapresupuestarios
Es sabido que ni siquiera las universidades públicas fueron ajenas al florecimiento de la corrupción durante la era kirchnerista. Varias de las casas de altos estudios creadas en ese período no sólo se caracterizaron por una nada transparente rendición de cuentas de los cuantiosos recursos que les aportó el Estado nacional, sino que, además, encubrieron verdaderas cajas negras para el financiamiento de la política y para distintos negociados. Así se desprende de numerosas denuncias por malversación de fondos públicos que la Justicia debería investigar con mayor celeridad.



El debate sobre la falta de transparencia con que se vienen manejando algunos centros universitarios creados en los últimos años se renovó días atrás por el avance de las investigaciones de la justicia federal acerca de la construcción de un edificio para la Universidad Nacional Arturo Jauretche, en el partido bonaerense de Florencio Varela. La denuncia, presentada por la diputada Elisa Carrió, presume una malversación de fondos provenientes del Mercosur y del Estado nacional.


No puede dejar de resultar llamativo que, mientras eso ocurre, durante el primer año de la gestión presidencial de Mauricio Macri, la distribución de los aportes extrapresupuestarios siguió favoreciendo a algunas de aquellas universidades nacionales sospechadas de negocios espurios.

Determinadas casas de estudios están siendo beneficiadas de manera desproporcionada, si se considera el número de estudiantes que albergan. Por caso, durante el primer semestre de 2016, la Universidad de General San Martín recibió unos 101,5 millones de pesos en concepto de aportes extrapresupuestarios, lo cual representa unos 7510 pesos por alumno. Esta casa de estudios fue involucrada en una denuncia por una sospechosa y poco transparente triangulación de millonarios fondos públicos para la financiación de telenovelas para la televisión pública, en la que también están involucrados el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y la actriz Andrea del Boca. La misma universidad también dio la nota en las últimas semanas por su convocatoria a una beca denominada Presidente Néstor Kirchner, "inspirada en el legado y los logros" de su gestión.


La sigue la Universidad de Avellaneda, cuyo rector, Jorge Calzoni, de clara alineación con el kirchnerismo, alguna vez se definió como "un rector militante". Recibió un aporte de 53,2 millones de pesos, equivalente a 3632 pesos por alumno. Las universidades de Tres de Febrero y de Lanús se encuentran también entre las universidades que recibieron más dinero por estudiante.

Cabe consignar que, de acuerdo con estos datos, brindados por un informe del Centro de Estudios para el Cambio Estructural (CECE), la Universidad de Buenos Aires, la institución académica con mayor cantidad de estudiantes (315.754) en la Argentina, sólo percibió en el citado período como aportes extrapresupuestarios 397 pesos por alumno en el período consignado, en tanto que la Universidad Nacional de Rosario recibió apenas 44 pesos por estudiante.

Click Aqui
Estos aportes constituyen los recursos públicos que las universidades reciben por fuera del presupuesto nacional. Se trata de fondos provenientes de convenios o programas que se acuerdan con los distintos ministerios del Poder Ejecutivo Nacional.

Cuando asumió el gobierno de Mauricio Macri, se dieron de baja todos estos convenios, con el sano propósito de analizarlos, en función de las numerosas irregularidades detectadas en muchos de ellos. Sin embargo, llama ahora la atención que esta clase de contrataciones siguió su curso durante el año pasado, en tanto que se explicó que algunos de los anteriores convenios habrían resultado difíciles de rescindir porque tienen una duración de varios años.

Nada debe obstaculizar la firma de convenios entre dependencias del Poder Ejecutivo y las universidades, tanto públicas como también privadas. Pero, en todos los casos, es menester que tales acuerdos, además de establecer prestaciones de servicios concretas e indispensables por parte de las universidades, sean absolutamente transparentes y con una pormenorizada rendición de cuentas. Deberían surgir de licitaciones públicas o de concursos de proyectos, sin excepciones, además de contemplar una razonable proporcionalidad con la matrícula estudiantil de cada una. La financiación de cajas negras con recursos de todos debe llegar a su fin.

lanacion.com.ar