El ministro de Desarrollo Social bonaerense, Santiago López Medrano, firmó el acta acuerdo para dar inicio a la implementación de mejoras en la administración del Servicio Alimentario Escolar (SAE), que comprenderá a 12 municipios en una primera etapa.
La firma se enmarca dentro del plan de mejoras para el Servicio Alimentario Escolar (SAE), que anunció la gobernadora María Eugenia Vidal en noviembre pasado, y que incluye un aumento para este año del 30% en los montos destinados a las raciones, la implementación de un menú obligatorio para todos los comedores escolares, y la transferencia de la administración del SAE a la órbita municipal.
"Esta prueba piloto implica que algunos municipios administrarán los fondos del SAE para mejorar las condiciones de los comedores e incorporar más nutrientes a la comida de los alumnos bonaerenses, porque todos los días 1.600.000 chicos se alimentan en las escuelas", señaló ayer el ministro López Medrano al finalizar la reunión.
Las reformas al sistema, que brinda desayuno, almuerzo y merienda a los chicos que asisten a escuelas públicas de la provincia, garantizarán una prestación alimentaria adecuada a los niños y jóvenes escolarizados del municipio, complementando las necesidades nutricionales en aquellos que vivan en situaciones de riesgo social, afirmó la cartera educativa en un comunicado.
Además de Vicente López, Tres de Febrero y Escobar, formarán parte de esta primera etapa Lanús, Junín, Hurlingham, Almirante Brown, Florencio Varela, San Isidro, San Fernando, Morón y Pinamar.
La conducción nacional de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) cuestionó la "decisión de municipalizar la provisión de alimentos, que permitirá la tercerización del servicio".
En ese sentido, el secretario adjunto de la filial provincial del gremio, Carlos Díaz, aseguró días atrás que la provincia de Buenos Aires decidió avanzar con los municipios para transferir el SAE a partir del decreto 2.077/16 y dijo que ello permitirá "la transferencia de recursos hacia las comunas, que se harán cargo del personal".
Para el dirigente, esa medida colisiona con "los derechos de los auxiliares de la educación y tendrá consecuencias imprevisibles" y sostuvo que si el gobierno la adoptó para combatir hechos de corrupción hay "otros instrumentos".
télam
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