Cuatro de los cinco civiles involucrados en la causa son médicos, entre ellos un forense y dos odontólogos del Instituto Médico Legal. Hay pruebas y evidencias sobre las irregularidades de sus tareas. Crónica de una complicidad que se repite en casos de violencia institucional
Algunos profesionales del IML quedaron comprometidos en el caso Casco
El cadáver de Franco Casco fue encontrado el jueves 30 de octubre. Lo sacaron del río Paraná en un avanzado estado de descomposición. La familia, sin embargo, reconoció el cuerpo ese mismo día por un tatuaje en uno de sus brazos. El joven había inmortalizado el nombre "Thiago" en su piel al nacer su primer hijo.
La autopsia se realizó el domingo 2 de noviembre en el Instituto Médico Legal (IML), el cuerpo forense que depende del Poder Judicial de Santa Fe. La tarea estuvo a cargo del doctor Raúl Rodríguez, un ex médico policial que presta servicios desde hace mucho años en el inmueble ubicado en la esquina de Avellaneda y 3 de Febrero.
Ese primer informe, según la información recabada en la investigación, fue "deficiente e incompleto". Una de las irregularidades más groseras se cometió en la muestra de médula ósea que se envió a un laboratorio de La Plata para constatar la presencia o no de diatomea (algas microscópicas que pueden encontrarse en cualquier ambiente acuático), un estudio que se realiza para saber si la víctima murió ahogada o fue arrojada sin vida al agua.
“La extracción que se hizo de médula ósea fue una porción menor a la requerida para que la conclusión del estudio sea determinante. No sabemos por qué se extrajo menos médula de la que se necesitaba para el estudio", se quejó en su día Santiago Bereciartúa, abogado querellante en representación de la secretaría de Derechos Humanos.
Al desconfiar del informe, los abogados de la familia Casco pidieron exhumar el cuerpo para realizar una segunda autopsia. El examen lo realizó parte del cuerpo forense de la Corte Suprema de la Nación en junio de 2015. El nuevo informe arrojo un dato revelador, omitido en la primera autopsia: la falta de tres dientes.
Desde el IML aclararon que los dientes se perdieron después de muerto, pero el peritaje en sede federal detalló que los dientes se perdieron en vida y por un "evento truamático".
En el medio de esa controversia, los abogados se toparon con otra grave irregularidad: la adulteración de la muestras de ADN. "Algunas piezas del cadáver recogidas en la primera autopsia fueron remitidas para un análisis de ADN. Al ser cotejadas con el papá, la mamá y el hijo, dieron negativo. Entendemos entonces que fueron modificadas o cambiadas", explicó Guillermo Campana, representante legal de una de las querellas.
La prueba se repitió días más tarde y volvió a dar negativo. La contundencia del resultado abrió un impensado y macabro interrogante sobre si el cuerpo enterrado en Florencio Varela es el de la víctima. "Estaríamos frente a algo gravísimo", admitió Campana.
Ante esta nueva irregularidad, en julio de este año el juez federal Carlos Vera Barros le ordenó a Gendarmería que retire el legajo de Casco del IML. Tres días más tarde, el médico Rodríguez se presentó voluntariamente ante el magistrado para entregar un informe con la firma de dos odontólogos forenses en relación a las piezas dentarias de la víctima.
Pero su presentación arrojó aún más dudas sobre su controvertido rol en el caso. En primer lugar, porque en su primera declaración ante la Justicia dijo que el IML no tenía odontólogos y que por lo tanto no se había realizado ningún informe específico sobre la boca de Casco. Y en segundo lugar, porque entregó un documento clave para la investigación tres años más tarde de lo debido.
"Llegamos a la conclusión que o adulteraron un acta o hicieron un documento falso o estuvieron encubriendo durante todo este tiempo información. Todo es grave", subrayó Campana.
Un precedente necesario
Tanto Rodríguez como los dos odontólogos están en la mira de Vera Barros, aunque por ninguno se pidió la detención, según confiaron fuentes de la investigación. Los otros dos civiles involucrados en la causa son la médica que revisó a Casco en la comisaría y el vecino que la tarde del 31 de octubre de 2014 llamó al celular del jefe de la seccional 7ma para avisar que había un "delincuente" por la zona.
De confirmarse las imputaciones, por primera vez se avanzaría desde lo judicial contra funcionarios del IML en causas de violencia institucional. "En casi todas las autopsias hemos cuestionado los exámenes por entender que no se han seguido los protocolos correspondientes para los casos de violación de derechos humanos. Creemos que hay una clara convivencia del Instituto Médico Legal con las fuerzas de seguridad", explicó Campana.
Y concluyó: "Sería un muy buen precedente que se ponga la lupa y se avance judicialmente sobre esta repartición".
rosarioplus.com.ar
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