Un trabajo del licenciado Jorge De Gioia que desnuda los hechos que tuvieron una sola versión. La denuncia policial y las actas del inspector de Educación revelan otra cosa. El autor se pregunta si hay sectores políticos de la oposición que buscan con el caso Maldonado desestabilizar al gobierno nacional.
Leía con asombro la nota de la Concejal y Presidenta del Concejo Deliberante de Florencio Varela, Laura Ravagni, y no podía creer lo que tenía ante mis ojos, ni tampoco que una funcionaria pública, en su misiva haga una denuncia pública, que a mi entender debería hacerla en un Juzgado Federal, presentando las pruebas de las graves acusaciones que le efectúa al gobierno nacional, a los fines de que la Justicia investigue e impida que volvamos al pasado tétrico de las dictaduras militares, de la desaparición forzada de personas y de los asesinatos cometidos por Montoneros, E.R.P. y otras organizaciones cuyas características eran político- militares, ni tampoco a la modalidad desestabilizadora de gobiernos democráticos que ellos mismos denunciaban durante el gobierno Kirchnerista y menos utilizando políticamente casos como el del docente del P.O. denunciado por una mamá, en defensa de su hija menor de edad o el caso de Santiago Maldonado al que no solo ellos quieren que aparezca con vida, sino toda una sociedad en la que me incluyo.
Como tengo la autoridad moral de haber arriesgado mi vida para defender la democracia, ante un fallido golpe militar y también la que me da el haber sido denunciado por un Peronista en época de las dictaduras militares, sufriendo el allanamiento de mi casa por parte de un escuadrón del ex-Batallón de Inteligencia 601 del Ejército Argentino, situado en City Bell, a la que se suma haber trabajado permanentemente para la sociedad en que vivo -no sentado en un sillón- como me habrá visto la citada Concejal en un reportaje que me efectuaran periodistas del Diario La Nación, es que me veo obligado a instarla a que se presente en la Justicia y haga la denuncia correspondiente aclarando quienes “planifican la violencia desde el gobierno central”; quienes “implementan un modelo de país donde si reclamas te desaparecen” y “quienes mandaron a detener al docente que hablaba de Santiago Maldonado en la Escuela Técnica 4 del distrito”.
El apoyo al docente
Aunque no es la única que utiliza el caso del docente de la Técnica 4, también lo hicieron los Consejeros Escolares de su mismo partido político quienes en otro comunicado y sin conocer los hechos en profundidad hacen una cerrada defensa del docente involucrado y la transforman “en una persecución arbitraria del Estado”, remitiendo al mismo pasado que la Concejal arriba mencionada.
También el Municipio de Florencio Varela, emite un comunicado de casi idéntico tenor. A ellos se suma el Partido Obrero y su órgano de difusión Tribuna Docente y el periodista Roberto Navarro que por Canal C5N, el día 12 de setiembre, pone al aire un video donde el profesor afectado, da su versión de los hechos y obviamente que Navarro denuncia “un Estado policial” en vigencia. En la marcha para pedir por la aparición con vida de Santiago Maldonado, donde se mezclaron sectores de izquierda, de Unidad Ciudadana y sindicales, que se efectuó en Florencio Varela, participando unas cuatro mil personas, no hubo un “Estado Policial” que evitó la misma, muy por el contrario, se efectúo bajo el pleno ejercicio del derecho a la libre expresión de los pueblos, que solo garantiza el Sistema Democrático de Gobierno, bajo el imperio de las leyes que el mismo dicta para preservar la paz entre todos los Argentinos, lo que demuestra que no hay una dictadura en democracia, ni un pensamiento único como se pretendería instalar a la luz de los acontecimientos que se van desarrollando a lo largo y ancho del país, por eso el título de esta nota en forma de pregunta. Espero alguien conteste esta primera parte.
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El profesor
La segunda tiene que ver con el profesor denunciado, evidentemente los apoyos ponen en primer lugar el derecho del profesor y la libertad de cátedra, pero la CIDH (Pacto de San José de Costa Rica) habla en su Art. 5 inciso 1 del Derecho a la Integridad Personal e indica que “toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral”; a la vez en el art. 19, menciona que “Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”; en el Art.32, inciso 2) Capítulo V indica ” Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática”, el nuevo Código Civil, en su Capítulo 3) -Ejercicio de los derechos, Art.10-Abuso del derecho-párrafo segundo, expresa: “La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Se considera tal aquel que excede los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres”. El límite impuesto comprende también el uso de una posición dominante, como lo es la de un profesor ante sus alumnos, a quienes podría imponerles una visión parcializada de las cosas reales u obligarlos a oir lo que no desean, lo cual no dejaría de ser una forma de ejercicio de la violencia que afectaría la capacidad intelectual de quienes son objeto de esa tipología de violencia, o bien podría ejercer violencia de género a través de sus palabras, acciones o amenazas futuras, como podría ser retener en el aula a un alumno/a contra su voluntad.
Como no soy falaz, me interiorice de los hechos que involucraban a la menor y su mamá, como al profesor y a la policía interviniente, también pude ver como por su página de Facebook, acusó estar retenido en la escuela por la policía y varios patrulleros, cuando resultó ser un solo patrullero con un personal masculino y otro femenino, que según testigos no lo retuvieron, no lo increparon, como menciono por Canal C5N y no fueron a detenerlo, como tampoco ingresaron al colegio, sino que se mantuvieron dialogando con la Directora y el Vicedirector, a los que le pidieron que lo llamara para escuchar a todas las partes y cuando bajó -siempre al tenor también de lo expresado en la denuncia correspondiente que he tenido a la vista, lo habría hecho “ninguneando al personal policial y cuestionándoles su labor” según la mamá de la menor en forma muy violenta, mencionando “ser militante del Partido Obrero”.
En este suceso intervino el Inspector Di Muro, quién labró un acta con la mamá de la menor que he tenido también ante mi vista, dónde se menciona que no le permitían a la madre retirar a la hija, ni le entregaban copia de acta labrada por la Dirección, lo que hizo el Inspector al día siguiente de los hechos ya conocidos. Lo que se pudo ver es que el acta realizada por el Inspector es incompleta, sin fecha, con una escritura casi incomprensible, lo cual la hace carecer de validez, allí la progenitora de la alumna, reitera quién generó los hechos de violencia, sin embargo el Inspector no hace preguntas vitales para dilucidar el problema interno y no habla con la menor que con 16 años tiene capacidad de hecho y derecho de ser escuchada. Tampoco interviene un gabinete psicosocial que proteja el interés superior de la menor.
Magnificación
Lo más llamativo es la magnificación de un hecho interno por parte del profesor -que podría haber solucionado con dialogo y buena predisposición- primero por la red social Facebook y después por Canal C5N, colocándose en el papel de víctima de un “sistema represor”, de la que hacen responsable a la gobernadora María Eugenia Vidal, politizando un hecho que a su vez pone en riesgo la seguridad de la menor dentro de la Escuela y de los progenitores, sin pensarse que la verdadera víctima de los hechos mencionados, no es ni más ni menos que la menor, a la cual ya habrían amenazado varios de sus compañeros/as de Escuela y nadie del Consejo Escolar, ni del Municipio o de la sede de Inspección, hasta el momento se ha interesado en proteger su superior interés como lo marca la normativa vigente y los pactos internacionales, con jerarquía constitucional en nuestro país y menos aún su seguridad personal.
Si se han apresurado a hacer oportunismo político, como si esto les fuese a traer algún voto más en el mes de octubre. Los niños terminan siendo las víctimas de aquellos que en lugar de utilizar la política para solucionar problemas sociales, la utilizan para hacer de “río revuelto, ganancia de pescadores”, aunque la luna no los favorezca.
Jorge A. De Gioia
Magíster en políticas
públicas y gobierno
Varela al Día
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