Un desfile de indagatorias policiales

El juez federal Carlos Vera Barros tomó ayer cinco nuevas indagatorias a otros tantos policías detenidos en el marco de la causa de Franco Casco, el joven cuyo cuerpo apareció flotando en el río en octubre de 2014 luego de ser detenido en la comisaría 7ª. Se trata de los tres efectivos de la división Asuntos Internos: Carlos Ríos, Daniel Escobar y Pablo Ciscaro.

El cuarto fue el comisario Diego Alvarez, jefe de la comisaría 7ª, y el quinto es el policía Cesar Acosta, ex jefe de sumarios de la dependencia donde se sospecha que parte de su personal torturó hasta la muerte al joven oriundo de Florencio Varela. El magistrado no trató ayer ninguno de los pedidos de excarcelación, aunque no se descarta que pueda resolverlos en breve. Hay cinco pedidos de indagatorias que pesan sobre otras tantas personas que no habrían podido ser localizadas por la Gendarmería, la fuerza encargada de los arrestos.

El listado de detenidos se completa con los policías Gianella Rocha y Salinas Arévalo, y dos con los apellidos Saucedo y Carreño. La nómina sigue con Gisela Giménez, Cintia Greimer, Guillermo Gysel, Cristina Riesco y Cecilia Contino. En tanto Yanina Valdez fue beneficiada con la detención domiciliaria debido a que cursa un embarazo avanzado.

Ayer Ramón Casco, padre de la víctima, se expresó en medios locales: "Entre los detenidos están los responsables de la muerte de mi hijo y están los que han querido encubrir. A mi hijo lo mataron a golpes en la comisaría y luego el cuerpo fue tirado al río", manifestó Ramón. "Asuntos Internos quiso encubrir el crimen" continuó el hombre en referencia a cómo se orquestó supuestamente el plan para ocultar el crimen.

Ayer en tanto el ex defensor general de la provincia Gabriel Ganón, y al a vez mentor del pase de la causa al fuero federal, recordó lo difícil que fueron los primeros tiempos de la investigación. "Hubo un gran despliegue de encubrimiento muy importante para tratar de ocultar la realidad de lo que le había pasado: que había sido detenido en la comisaría 7ª de Rosario, sometido a torturas y arrojado sin vida al río. En todo este procedimiento de encubrimiento participó directamente la división de Asuntos Internos de la policía, a pesar de la oposición que nosotros hicimos (que la fiscalía delegara la investigación en esta sección). Sabíamos lo que iba a pasar: plantaron pruebas falsas, testimonios falsos sobre cómo había sido detenido", agregó Ganón.

"Nosotros empezamos a atar cabos cuando nos viene a ver la madre de Franco Casco (ya fallecida) y entonces tuvimos la certeza de saber que detrás de la desaparición de Franco Casco estaba la policía -recordó Ganón-. Entonces pedimos la reautopsia del cuerpo, porque no confiábamos en los informes del Instituto Médico Legal. Conseguimos que inmediatamente la jueza Bernardelli, ya fallecida, pasara la causa a la Justicia federal".

Para Ganón "en esto también tuvo una participación muy importante de encubrimiento el Ministerio Público de la Acusación, que apoyaba la idea de que Casco se había ido caminando tranquilo. También sumaron a la médica de policía Zelaya, que firmó el certificado de salud de Casco, diciendo que estaba en buen estado. Pero creo que debería también declarar el actual jefe de la Policía de la Provincia, José Luis Amaya, que era jefe de la URII de Rosario, y que hoy ocupa la jefatura provincial" relató.

En esa línea recordó que "pocas horas antes de que apareciera flotando en el río el cuerpo de Franco, se convocó a una conferencia de prensa. Ahí manifestaban que tenía testimonios que declaraban que Casco estaba con vida y tenían filmaciones que lo mostraban corriendo desnudo en las calles de Rosario como si estuviese desquiciado o loco. La participación del Instituto Médico Legal fue también en las acciones de encubrimiento, incluso adulterando las pruebas de ADN: se extrajeron muestras de sangre a los padres de Franco y cuando chequearon no coincidían los registros. Algo raro pasó ahí", explicó.

En este punto el ex defensor -echado de su cargo por el oficialismo- cuestionó al gobierno santafesino porque "prefirieron mantener a los policías en su carrera de ascenso. Es una de las grandes críticas que hemos hecho siempre. Cuando se da un episodio tan grave como este inmediatamente tienen que ser separados de la fuerza los responsables. Pero esto no pasa. Son llevados a otra jurisdicción donde continúan su carrera como si nada hubiese pasado. Y no tienen una mancha como deberían tener. Son graves las manifestaciones públicas que hizo el ministro de Gobierno de Santa Fe, Pablo Farías, diciendo que ellos antes de tomar medidas contra los policías están esperando", concluyó Ganón.

Un desfile de indagatorias policiales

Con Información de Pagina 12