Recicladores y recuperadores protestan por suba de impuestos

Movilizaron a la Casa de Gobierno de la provincia por una retención que la AFIP comenzó a cobrar a los compradores de chatarra, así como los rígidos requisitos al sector. Se trata de la Asociación de Recicladores y Recuperadores de la provincia de Buenos Aires, que posee personería gremial desde hace tres años y que tienen una fuerte presencia en distritos del área metropolitana como Quilmes, Florencio Varela y Berazategui.










Un nutrido grupo de recicladores y recuperadores del Conurbano bonaerense protestaron hoy a bordo de unos 40 camiones frente a la Casa de Gobierno, en reclamo de medidas que flexibilicen los requisitos puestos al sector, como los costos por las licencias, renovación de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) y el pago de impuestos a la carga, así como una retención de índole nacional que afectaría hasta un 20 por ciento de las ganancias.



Se trata de la Asociación de Recicladores y Recuperadores de la provincia de Buenos Aires, que posee personería gremial desde hace tres años y que tienen una fuerte presencia en distritos del área metropolitana como Quilmes, Florencio Varela y Berazategui. La función del sector es la de ser intermediarios entre los cartoneros y recolectores de chatarra y las fábricas, papeleras y recicladores de plásticos, vidrios y hierro.



El presidente de la entidad, Carlos Schellnast, en diálogo con Notibonaerense.com, acusó al Gobierno nacional y al sindicato de Hugo Moyano de “generar elementos recaudatorios” que obligan a disminuir las ganancias de cada eslabón de la cadena: “El cartonero cobra menos por lo que trae, y nosotros cobramos menos al revenderlo”, dijo.



Además, Schellnast explicó que las demandas, por las que fue atendido por funcionarios del ministerio de Justicia y Seguridad, implican mayor seguridad porque “nos asaltan todos los días y los vehículos patrulleros están desmantelados, así como las comisarías, donde algunas ni siquiera cuentan con las computadoras necesarias”.



El dirigente explicó que la actividad obliga a que, teniendo vehículos con más de 15 años de antigüedad, se renueve la VTV cada 6 meses, lo que genera una carga de “entre 280 y 300 pesos en cada ocasión”, así como “el pago de impuestos a la carga, una retención del 25 por ciento que cobra el Gobierno nacional a las ganancias de la industria de la chatarra y un 10 por ciento que se queda el gremio de Moyano”.



Schellnast se quejó además que en el caso de no tener los papeles al día y cumplir con la ley provincial 10.837, que es la que regula el transporte automotor de cargas, la Policía Vial y la Gendarmería les llega a secuestrar los vehículos: “Está habilitado por la ley, pero no está bien, porque es nuestro instrumento de trabajo para transportar la mercadería de un lugar a otro y una propiedad privada. Deberían ponernos una multa, pero no quitarnos la camioneta, el camión o el auto”, protestó y advirtió que de continuar este tipo de modalidad, la Asociación cortará la ruta 2 rumbo a la Costa Atlántica, a la altura de Alpargatas, “como ya lo hemos hecho en otras oportunidades”.



Desde el ministerio de Seguridad, fueron recibidos por funcionarios que tomaron el petitorio del sector y prometieron analizar la cuestión.



REGIMEN DE LA AFIP



“Si bien es una medida nacional, protestamos en la Provincia porque queremos que nos defienda, somos bonaerenses”. El presidente de la Asociación Provincial de Recicladores y Recuperadores se refiere a un régimen que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) lanzó en agosto pasado para el blanqueo de quienes participan de la cadena de comercialización de residuos para la industria del reciclaje.



El sistema funcionará a partir de un registro especial para quienes realizan operaciones de compra o venta de los siguientes materiales: PET (envases), papel y cartón, vidrio, plástico y metales ferrosos o no ferrosos. Y comprende a las empresas recicladoras, los acopiadores, los dueños de galpones, los generadores de residuos reciclables que los comercialicen y los intermediarios, que actúan como un escalón entre los recolectores y los acopiadores. Esos son los que, a su vez, les venden a las firmas que, finalmente, reconvierten los materiales, en muchos casos para exportar.



En aquella ocasión, el jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray, había dicho a la prensa que el diagnóstico hecho del sector mostró que ante la imposibilidad de documentar las operaciones de compra de la basura a quienes la recolectan, comenzaron a aparecer facturas apócrifas, como una manera de justificar esas operaciones, un problema que comienza en la vulnerabilidad social que sufre el primer eslabón.



Según pudo saberse, se trata de un régimen de retención de impuestos en las operaciones realizadas entre acopiadores y empresas de reciclaje. En cada transacción deberá retenerse un 10,5% por el IVA y un 4% por Ganancias si el vendedor está inscripto, pero los porcentajes se elevan al 21 y al 20% si no existe el registro del contribuyente.