domingo, 19 de septiembre de 2010

Denuncian aprietes, cobros de peaje y robo de cooperativas en los planes

En el barrio Santa Rosa, de Florencio Varela, manzana 20, Ramón Fernández relató a este medio cómo un edil del Frente para la Victoria se “apropió” de su cooperativa. “Formamos una cooperativa llamada Proyecto Nacional en la que éramos 17 personas, pero él se adueñó de nuestra matrícula y puso a su gente”, explicó Ramón a PERFIL. Según los integrantes de Proyecto Nacional y de acuerdo a las planillas que tienen en sus manos, de los sesenta anotados en esta cooperativa sólo trabajan 24, y el resto “son personas que puso el concejal Tony (Antonio) Suárez que nunca trabajaron, pero que igualmente están cobrando”.




“Cuando comenzamos a ver estas cosas que no estaban bien, la gente del concejal comenzó a decir que Ramón se quedaba con plata y como castigo, nos ponían la hora cero”, contó Omar Juárez, otro miembro de Proyecto Nacional.



La hora cero es una sanción que utilizan los encargados de coordinar las cooperativas en los municipios. En caso de que en las planillas que se completan todos los días exista la “hora cero”, los trabajadores pierden el salario del día. Según los diferentes trabajadores consultados por PERFIL, con esta herramienta logran que no se denuncien las irregularidades.



“Ahora, porque sacamos a la luz lo que sucede, el concejal quiere cambiar a los directivos de la cooperativa”, explicó Catalina Flores. Ramón Fernández está dispuesto a dejar la titularidad de la cooperativa: “Durante mucho tiempo me hicieron firmar papeles que yo ni siquiera sabía de qué se tratan y no quiero seguir haciéndolo”, sostuvo Ramón.



“Lo que queremos es que nuestra cooperativa no se convierta en un espacio político. Meses atrás nos vinieron a decir que teníamos que asistir a diferentes marchas. Nosotros no somos militantes, lo único que queremos es trabajar”, dijo Omar.



En el barrio San Francisco Grande, más beneficiarios del Plan Argentina Trabaja presentaron varias denuncias en las comisarías de la zona y en la Secretaría de Desarrollo Social del municipio, desde donde se les aseguró que ya se elevó el reclamo a Nación.



Se trata de ex integrantes de la cooperativa 8 de Octubre, dependiente del movimiento social Carlos Almirón. “Yo era el encargado de juntar los $ 54 por mes de cada trabajador (ver fascímil) y todos los meses, antes del día diez, se los tenía que llevar a Quilmes a Cintia Galimañez, la secretaria de Finanzas del movimiento”, explicó Juan Fernández. En el Carlos Almirón, una organización de izquierda opositora al kirchnerismo, dicen que los denunciantes pertenecen a una facción que rompió con la conducción nacional y se alió con el intendente del municipio.



De acuerdo al relato de los ex coperativistas, Galimañez recibía la plata de las 42 cooperativas que maneja el movimiento en el distrito y de otros municipios como La Plata. Así, por mes, cada una de estas cooperativas le entrega al movimiento $ 3.240.



“De todos nosotros, a algunos los sacaron porque decían que estorbábamos y otros nos fuimos porque no queríamos avalar el robo”, sostuvo Daniel Sánchez. “Si querías quedarte, podías, pero para eso primero tenías que darle los $ 54 y después ir a marchas”, contó Tito Alegre. “Hasta nos hicieron hacer escraches contra Duhalde por los muertos del Puente Pueyrredón”, reveló Sánchez en referencia a los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán de junio de 2002. Los ex cooperativistas denuncian además que el movimiento se queda con miles de kilos de alimentos que llegan de Provincia y Nación y se distribuyen “entre los líderes de la organización”.



En tanto, en la fiscalía de Florencio Varela se encuentra una denuncia del concejal y ex intendente Julio Carpinetti que presentó cuando Isidora e Inés le contaron que fueron amenazadas por no querer pagar entre $ 100 y $ 300 por mes. “Saben dónde vivo, por eso no voy a hablar, ya otros compañeros fueron golpeados”, le dijo a PERFIL una de las mujeres que integra la cooperativa 15 de abril.

El movimiento Carlos Almirón le entregó a cada uno de los integrantes de sus cooperativas una carpeta en la que se detalla el aporte que debe hacer cada uno de los miembros. Según este documento, cada trabajador debe aportar $ 22 para el movimiento y $ 32 para el mantenimiento de las oficinas.


En los barrios más pobres del Conurbano bonaerense, los vecinos que hace un año se inscribieron en el Plan Argentina Trabaja se notan rendidos. Desde hace meses alzan su voz contra los engaños que sufren, pero no son escuchados. Pese al miedo de perder los $ 1.200 mensuales del plan, decidieron no esperar más las respuestas de los municipios y del Gobierno nacional que nunca llegaron y resolvieron denunciar las irregularidades ante PERFIL.


Ishii, al tope de la lista

De acuerdo a la información que Poder Ciudadano pudo reunir del Ministerio de Desarrollo Social, en 36 distritos de la primera y segunda sección electoral y las provincias de Tucumán y Corrientes existen 1.790 cooperativas que están inscriptas dentro del programa Argentina Trabaja.



De este listado, el distrito de José C. Paz, que volvió a ser comandado por el “caza traidores” Mario Ishii, es el más beneficiado. Así, este municipio del Conurbano cuenta con 192 cooperativas dentro del plan y, hasta abril, recibió $ 186.063.514, lejos del número de otros distritos más populosos (José C. Paz posee 230.208 habitantes).



Así, el distrito de Ishii posee 42 cooperativas más que La Matanza, municipio que tiene un millón doscientos mil vecinos, 64 más que Lomas de Zamora (con 591.345 residentes), 14 más que Almirante Brown, que cuenta con 515.556 habitantes y 157 más que Esteban Echeverría (243.974).



Desde el Ministerio de Desarrollo explican que para el reparto de planes se tienen en cuenta las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) y por ello, José C. Paz, sería la más beneficiada.

Publicado en el semanario Perfil

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