Es el 22,8 % de los casos que reciben los móviles del plan Atajo
Clara espera sentada en uno de los largos bancos del comedor Mi Sueño, de Lily, en el corazón de la villa Kilómetro 26, de Florencio Varela. Son casi las 11 y un aroma a estofado empieza a llenar la sala, mientras dos chicos juegan con unos cachorros. En ese momento, se oye el ruido del motor de la camioneta blanca y celeste de la Agencia Territorial de Acceso a la Justicia (Atajo).
Se detiene en la entrada del comedor, como todos los martes. Clara se acerca al móvil para hablar con la abogada Coty López y con la psicóloga Julieta Leverato. Ella nació en Misiones, pero nunca fue inscripta y tampoco lo fue ninguno de sus cinco hijos, todos menores; las dificultades que enfrenta para mantener sola a su familia la llevan desesperadamente a solicitar un DNI para obtener los beneficios que da el Estado. No es la primera vez que acude a la Atajo: a su última pareja la denunció por violencia de género.
Justamente, la violencia interpersonal e institucional, la precariedad habitacional y el déficit de servicios públicos son las problemáticas que más denuncian en villas y asentamientos ante las oficinas y los móviles de acceso a la Justicia
Desde las oficinas fijas y móviles de este programa implementado por el Ministerio Público Fiscal (MPF) en 2014 se busca llevar asesoramiento jurídico gratuito a las poblaciones más vulnerables.
El contexto es desfavorable: por caso, sólo el 15% de las personas que se acercaron a Atajo entre julio y agosto pasados en busca de soluciones a sus conflictos tenía un empleo formal. El 65% de las consultas tienen relación directa con temas que afectan específicamente al grupo familiar. Además, tres de cada cuatro denunciantes son mujeres, lo que permite entender la alta incidencia de las cuestiones de género (tanto la violencia machista como cuestiones vinculadas al incumplimiento de cuotas alimentarias, exclusiones de hogar y régimen de visitas) entre los asuntos expuestos.
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El fiscal Julián Axat, a cargo del programa, además de cimentar la actuación de las oficinas fijas (las hay en la Capital, el conurbano, en Mendoza, Rosario y Mar del Plata), apostó fuerte por los móviles para recorrer zonas precarias del área metropolitana, una cada día. En las camionetas, los escritorios y las sillas están sujetos con precintos al piso, y las computadoras e impresora están guardadas hasta que se llega al lugar. Una vez allí, los profesionales toman las denuncias y resuelven las situaciones barriales que requieren de asistencia legal.
"No se viene de afuera a imponer o a juzgar, sino que hay que entender las costumbres desde adentro y dar intervención ayudando a la gente", indicó Axat a LA NACION. Luego de la inauguración de Atajo, en julio de 2014, quienes trabajan en el programa se han afianzado como "enclaves" dentro de los barrios.
El objetivo es generar una relación con la comunidad y fortalecer los lazos sociales para que los ciudadanos tengan un canal más directo con el Poder Judicial para denunciar delitos, irregularidades o hacer consultas por causas existentes. La realidad que se vive en esas zonas es muy distinta de la que llega a través de los expedientes a las oficinas formales de la Justicia.
Medidas correctivas
Una vez que Clara termina la consulta, Juan -que lleva más de media hora esperando- se acerca desesperado porque no puede pagar la última factura de luz que recibió, de $2153 (antes abonaba $200). El mes pasado había gestionado el ingreso a la tarifa social, pero no lo incluyeron. Tiene 50 años, le es difícil conseguir trabajo, más aún tratando de mantener a un hijo discapacitado. La baja calidad del servicio de Edesur en la villa Kilómetro 26 es uno de los mayores reclamos; la luz se corta continuamente y tienen tanto alta como baja tensión. Para Juan, pagar el servicio sería imposible sin la ayuda de los abogados de Atajo.
Gracias a la intervención de Atajo, una mujer con una situación similar a la de Juan (con una hija de 24 años que sufre de parálisis cerebral y es, por lo tanto, una clienta electrodependiente) obtuvo el viernes de Edesur un servicio diferenciado y la inclusión en la tarifa social.
Más dificultades
Pamela Lodola, abogada del MPF, ve a diario, en la Atajo de la villa 1-11-14, las dificultades de la gente. "Al principio costó entrar en confianza con los vecinos; no se acercaban porque no sabían qué hacíamos. Pero en poco tiempo pudieron confirmar que venimos a ayudarlos", dijo a LA NACION.
Lodola, el psicólogo Fabio Muente y Vanessa, una referente del Bajo Flores, recorren seguido las manzanas del barrio para intentar descubrir qué aqueja a los vecinos. Los profesionales se encariñaron con los vecinos de los distintos puntos donde trabajan, incorporaron los sonidos y hasta los platos típicos de cada comunidad a su propio ritmo.
"Todas las semanas nos llenan de regalos en agradecimiento, desde dibujos hechos por los chicos hasta plantines o muñecos autóctonos. También coleccionamos recuerdos de bautismos y hasta un póster de la Virgen de Urkupiña [venerada por los bolivianos, una de las comunidades más prominentes dentro de la villa]", dijo Lodola.
Actualmente muchos menores de la 1-11-14 sufren ciberacoso en redes sociales. Hubo intentos de captación de niñas en esa villa y en otras zonas precarias de la Ciudad. El grooming es uno de los delitos con mayor crecimiento en el último año. "Aquí hay mucho desconocimiento de esta problemática; vienen menores acompañados por sus padres para denunciar que las chicas fueron acosadas; por eso generamos talleres de ciberdelitos para la población", explicó Lodola. Su jefe, Axat, explicó que las villas tienen hiperconectividad y que eso ofrece una ventana que es explotada por cibercriminales.
Todas las semanas hay por lo menos cuatro talleres que profundizan distintas temáticas centrales, como la violencia de género, la adicción a las drogas o los ciberdelitos.
"La situación de vulnerabilidad de los habitantes en las zonas más precarias de la Ciudad y del conurbano juega en contra cuando existe una situación conflictiva, ya que es una responsabilidad del Estado que ellos tengan la posibilidad de iniciar una causa judicial", profundizó Axat.
En dos años de vigencia, más de 10.000 consultas
Dos de cada tres solicitudes de intervención se produjeron en las agencias de la Capital; se atendieron desde conflictos interpersonales hasta problemas habitacionales y de salud
Desde su creación, en 2004, el proyecto Atajo recibió más de 10.000 consultas; sólo entre enero y agosto de este año fueron 2500. La mayoría de los casos -un 66%- correspondió a las agencias Atajo de la Ciudad, mientras que un 9% fueron denuncias en los móviles del conurbano y el 25% se registró en la oficinas fijas del resto del país (en la periferia de Mendoza, Rosario y Mar del Plata).
Hay oficinas fijas de Atajo en las entradas de las villas 31 y 31 bis, de Retiro; la 1-11-14, del Bajo Flores; la 21-24, de Barracas; la 20, de Villa Lugano, y en Ciudad Oculta, en Mataderos. Una abogada y un psicólogo atienden dentro de las oficinas, en su mayoría armadas en contenedores acondicionados y equipados con computadoras, escritorios, impresoras, wi-fi, aire acondicionado y baño.
Este año, y en respuesta a planteos recibidos por vecinos, los profesionales de Atajo intervinieron en reclamos por la prestación de los servicios de electricidad y de gas (y por las tarifas), por la suspensión del llamado "tren cartonero", por los casos de chicos desaparecidos e incluso, en la elaboración del decálogo de condiciones para el Acuerdo para la Urbanización de las Villas porteñas.
lanacion.com.ar
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