A poco más de 300 kilómetros de Florencio Varela se levanta
una de las playas más glamorosas de la Costa Atlántica: Pinamar. Destino
turístico de grandes empresarios de la Argentina, políticos de renombre y una
clase media acomodada, el lugar ostenta con sus fabulosas casas de veraneo.
Pero tiene un costado oculto que por primera vez un “arrepentido” se anima a
contar en detalle. Se trata de la supuesta ruta de la plata sucia en la que
estarían involucrados dirigentes políticos de peso en la ciudad balnearia.
Él se llama Alejandro Aguirre y es conocido tanto en Varela
como en Pinamar por su apodo de “El Japo”. Está preso desde abril de este año
en una causa por el posible delito de promoción y facilitación de la
prostitución de menores en una investigación que comenzó a raíz de la denuncia
de unos de sus hijos y que tenía epicentro en la ciudad balnearia.
Alojado en una celda de la cárcel de Ezeiza, Aguirre siente
que “le soltaron” la mano y comienza a revelar los supuestos detalles de un
negocio oscuro que, sólo en la temporada pasada, habría superado la suma de
cuatro millones de pesos. Todo, según sus propias declaraciones, en negro.
“El Japo” se mudó de Varela a Pinamar en el año 2007. En la
costa no fue un militante más. En su “militancia” fue escalando posiciones
hasta llegar a ser parte de un nexo importante entre algunos estamentos
provinciales y el, hasta hace poco días, presidente del Concejo Deliberante
Alberto Germain, a quien definió como “un flan” político.
Sus “contactos” políticos hicieron que Aguirre accediera a
una licencia de remis que habría sido otorgada por el HCD de Pinamar.
“Yo me encargaba de apretar a los puesteros que no pagaban”
confesó Aguirre en diálogo exclusivo con Infosur aunque aclaró que “nunca me
quedé con dinero, sólo los presentaba”, dijo.
Los puestos son carros distribuidos a lo largo de la playa
que no contarían con la habilitación correspondiente. “Son unos 80 de panchos,
licuados, jugos y ropa”, confesó Aguirre. “Para entrar al negocio tenés que
hablar con Quique Arias, que también es el encargado de cobrar”, subrayó “El
Japo”. Para brindar más detalle contó que esos carros están “identificados con
una pantera y está pintado de colores”.
Siempre según las declaraciones de Aguirre, en la temporada
pasada esa ruta del supuesto negocio sucio habría dejado una suma cercana a los
420000 pesos que van a parar a las arcas de los dirigentes políticos y apunta
directamente al intendente Muriale, como depositario de la plata sucia.
Pero Aguirre apunta más detalles: para entrar cada puesto
tiene que poner “cinco mil pesos” y pagar un supuesto canon de 150. “Cada carro
puede llegar a hacer unos tres mil pesos por día”, confió.
Por otra parte, señaló que grandes marcas pusieron “en la
temporada pasada más 150 mil pesos”, aumentado el supuesto cobro en negro.
Estas supuestas irregularidades ventiladas por Aguirre desde
la cárcel de Ezeiza salpican también a la policía y más específicamente a la
DDI de Villa Gessell “Los CDs truchos, las remeras de marcas y esas cosas se
pagan en la DDI que también están metidos”, remarcó en la charla con Infosur.
Las denuncias del “arrepentido” están en consonancias con
una investigación penal que presentó en enero de este año el abogado Lucas
Ventoso, según publicó la agencia periodística Agepeba.
El 18/01, Ventoso presentó una denuncia penal ante la
Fiscalía de Pinamar -a cargo de Juan Pablo Calderón- para que se investigue
"la posible comisión de los delitos de asociación ilícita, trata de
personas, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público
eventualmente cometido por funcionarios públicos de la municipalidad de
Pinamar". Todos estos, delitos indispensables para cometer la trata de
personas y para la cual se requiere de la participación de más de tres personas
o autoridades municipales, tal como lo denuncia el abogado.
Ventoso menciona como
funcionarios administrativa y penalmente competentes y responsables de los
hechos denunciados al Intendente interino, Hernán Muriale, al director de
Fiscalización de Pinamar, Roberto Baena, y al coordinar de Playa, Enrique
Arias, "sin perjuicio de la responsabilidad penal de otros funcionarios
municipales como inspectores municipales y policiales que han omitido de manera
deliberada su deber legal de control para permitir la consumación de los hechos".
Los hechos que
fundamentan la denuncia del abogado se inician en diciembre de 2012 "con
el reclutamiento de la mano de obra (vendedores ambulantes). Estos vendedores,
en su mayoría, provienen del conurbano bonaerense, según los dichos de los
mismos vendedores".
Tal como informa
Ventoso en su denuncia penal, "este reclutamiento de vendedores ambulantes
se efectuó con el propósito de explotarlos laboralmente en las playas del
partido de Pinamar durante la presente temporada". Ventoso alega que esta información
se la brindaron los mismos trabajadores que se encuentra hacinados en una
precaria casilla entre el parador UFO Point y Bacota. "El mismo vendedor
también me manifestó que fue traído hasta aquí mediante engaño, ya que ninguno
de ellos sabía que iban a vivir en una casilla como ésa, ´yo soy un mulo´, -me
dijo, ´tengo que dormir donde sea…'", expone en su denuncia el abogado
Lucas Ventoso.
Estos vendedores
ambulantes, "sin permiso municipal, venden mercadería que les proveen a un
precio de $15 por gaseosa, de los cuales $5 son para el vendedor y los
restantes $10 se lo entregan a una tercera persona que no han podido
identificar".
Ventoso explica que
"una parte de estos vendedores ambulantes duermen hacinados durante todas
las noches en dos casillas precarias de madera aglomerada, construidas
ilegalmente sin permiso del Honorable Concejo Deliberante de Pinamar, sobre el
espacio público del frente marítimo, asentada directamente sobre el suelo de la
playa, sin luz, ni agua, ni baño". Y agrega que "están expuestas
públicamente a la vista de todos los que circulen por la avenida del Mar o por
la playa". Quien recorra la playa, podrá constara esta información.
Una de estas casillas
se encuentra en el sector más concurrido de las playas de Pinamar: Av. del Mar
y de las Artes y la otra en la Av. Del Mar, frente al muelle, entre la
Prefectura Naval Argentina y la Dirección de Seguridad en Playas de Pinamar.
Diversas fuentes que solicitaron mantener el anonimato informaron que los que
atienden los puestos "sacan luz" de esta Dirección municipal para
alimentar los freezers y confirmaron que cuentan con el beneplácito de los
funcionarios responsables.
El abogado
denunciante remarca "el peligro inminente en la vida de las personas que
duermen hacinadas allí, más aún si dentro de las casillas duermen bebés, dado
que en el caso de que se incendie un colchón por el uso de fuego (no tienen luz
eléctrica), la madera arderá en segundos". Ventoso alertó a la Fiscalía,
que "había una madre con un bebé de meses en un canasto dentro de la
casilla" ubicada a metros de UFO Point.
A esta grave situación, se agregaría el reclutamiento de
menores, lo que implica una clara violación a los tratados internacionales que
defienden los derechos de la infancia y de la Ley Nacional de Protección
Integral de los Derechos de los Niños y los Adolecentes (Ley Nº 26.061) cuyo
objeto es "la promoción y protección integral de los derechos de los
niños". Derechos que el Estado debe garantizar promoviendo "la
remoción de los obstáculos de cualquier orden que, limitando de hecho la
igualdad y la libertad, impidan o entorpezcan el pleno desarrollo de los niños
y su efectiva participación en la comunidad".
Recuadro
¿Prostitución?
Aguirre jura y perjura que “no tiene nada que ver con la
trata de personas”, causa por la que está detenido. Dos adolescentes lo responsabilizaron por obligarlas a
prostituirse en una denuncia de la que
también participó su hijo. “Fue un conflicto familiar, yo no tengo nada que
ver, nunca traté con el tema de las prostitutas”, señala en la charla.
Las hermanas, cuyas declaraciones son “muy precisas”, vivían con su abuela en Florencio Varela. Un
vecino les ofreció trabajo en Pinamar y al contar con la aprobación de su
tutora, un hombre las trasladó hasta el balneario, donde fueron entregadas al
hoy imputado Aguirre, quien las llevó a su vivienda, un caserón ubicado en una
zona muy cotizada de Pinamar.
“Me dejaron solo”
Aguirre también provocó críticas contra su esposa que vive
en Pinamar y a la que acusa de “quedarse con el auto y un amante”. En ese
contexto señaló que recibió cartas con “tonos amenazantes” para que no hable.
Las autoridades del servicio penitenciario y los denunciados tienen la palabra
y deben velar por la seguridad del ahora “arrepentido”.
Infosurdiario.com
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