EL “PLAN DE SEGURIDAD NACIONAL”.CONTESTACIONES DE FUNCIONARIOS KIRCHNERISTAS Y ANÁLISIS

. Un comentario que emití en la Web por la promoción del “Plan de Seguridad Nacional” lanzado por la presidenta de la nación hace unos días genero un cierto enojo en una funcionaria del gobierno nacional que lo tomo como descalificador, insultante a la inteligencia de quienes apuestan por éste gobierno y calumniante hacia quienes el electorado les dio un voto de confianza hace dos años (el 54%), no creyendo que yo sea “un libre pensador”, es decir que cree que me pagaría Magneto o algún monopolio inexistente en Argentina, contestaciones típicas de quienes tienen la “década ganada”, sin haber dejado de mencionar la brutal inversión a lo largo y ancho del país en educación, trabajo e inclusión inédita catalogando éste plan como política de Estado e invitándome a presentarme a una elección con propuestas alternativas si difiero con el gobierno.
Lo primero a dar a conocer es que no existen los libre pensadores, todos estamos sujetos desde el nacimiento hasta la muerte por diferentes cuestiones sociales, ideológicas y familiares u otras subjetividades sean religiosas o ateas y a mi no me paga nadie para efectuar un análisis, no le intereso a ningún grupo fáctico, simplemente trato de ser una voz que pueda servir para orientar y enseñar al ciudadano común la otra realidad, para que no sigan mintiéndonos y que los funcionarios corrijan o aclaren aspectos de las políticas que implementan, cuyo costo los pagamos todos, no solo en dinero, si no en vidas humanas a diario, en robos y maltrato a ancianos y en la destrucción de grupos familiares por causa del narcotráfico, debido a falta de políticas de Estado estratégicas y de largo plazo que beneficien al ciudadano en general, por ello es inoportuno, con intencionalidad electoralista, después de diez años en el poder, buscar implementar políticas tendientes solamente a revertir la derrota en las PASO, se toma al pueblo como ignorante y manejable, siendo los funcionarios los que insultan la inteligencia de sus propios votantes y no activan la propia al hacer una lectura de conveniencia de las multitudinarias marchas sociales o ignorarlas, ellos mismos sentados en un poder prestado generaron un desgaste de la credibilidad y confianza primaria otorgada que cae actualmente al 26% y caerá aún más al haberse defraudado expectativas de crecimiento económico sostenido, movilidad social y consecuente desarrollo humano, no combatiéndose una corrupción que corroe las bases de cualquier sociedad y permite la aparición de nuevos ricos, en especial en el campo de la política, la cual dejo de ser una herramienta puesta al servicio de la sociedad transformarse en un instrumento para satisfacer las ambiciones personales de unos pocos. Respecto a las menciones de la funcionaria, la respuesta la da el observatorio social de la UCA en el último relevamiento efectuado donde la tasa de pobreza alcanza al 24,5%, la indigencia al 5, 8%, de la población total sin contar las áreas rurales y donde la mal llamada Asignación Universal por hijo y ningún plan social ataca la salida de la pobreza, ni sirve para promover la tan mentada e inexistente movilidad social con la que se siguen llenando la boca, a ello le debemos sumar una inflación del 25% anual o más, con un aumento constante de las naftas, del pan y de los programas carne para todos, pescado, frutas, etc, simples paliativos para unos pocos, empresas que se van del país y falta de inversión extranjera directa con estancamiento o perdida de fuentes de trabajo, cierres de miles de tambos, perdida de ganadería, aumento de la soja y decreciente cosecha de trigo, con un Estado nacional, provincial y municipal que amplió sus plantas de empleados absorbiendo lo que el Estado no logro con el sector privado, lo cuál claramente se ve en organismos como la Ansess, Las cámaras legislativas, las nuevas universidades nacionales, donde también se volcó el grueso de la inversión en educación en becas, repartos de Pcs y nuevos cargos, pero no en nuevos edificios escolares, creación de jardines de infantes con una educación inicial obligatoria incumpliendo la propia ley, sin mantenimientos edilicios y mejores sueldos docentes, prueba de ello son el no cumplimiento de los 180 días de clase y protestas de todo tipo a lo largo y ancho del país y un desmejoramiento de la calidad educativa notorio, con exclusión del mercado laboral o productivo para menores de 21 años. En los primeros años de gobierno hicieron mucho y en estos últimos rifaron casi todo para entregar un país en 2015 con graves problemas económicos, que vamos a pagar por todos los Argentinos, agregando un desmejoramiento creciente en la atención de la salud pública y en la seguridad ciudadana, política que paso a analizar brevemente. Referente a la inseguridad social hay dos tipos de protecciones posibles: 1) la seguridad pública que hace a la protección civil o seguridad ciudadana (concepto correcto) y 2) a la seguridad social que refiere a otras protecciones obligatorias del Estado para con quienes quedan fuera del mercado laboral por causales como pobreza, indigencia, u otras que los deja fuera del sistema no solo laboral, también del acceso a la salud pública, educación, vivienda, etc.. La seguridad ciudadana es una situación social donde debe predominar la sensación de confianza, entendida como la ausencia de riesgos y daños para la integridad física, psicológica y patrimonial del ciudadano, donde el Estado debe garantizar la libertad y el patrimonio de todos, lo que se resume en una acción integrada de los organismos del Estado y la ciudadanía para asegurar la convivencia pacifica, la erradicación de toda forma de violencia mediante la prevención y el control de toda comisión de delitos y faltas, con fines al disfrute y la utilización pacifica de las vías y espacios públicos ¿Qué implica esto?: un PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA de largo plazo que en su confección involucre a todas las jurisdicciones componentes del Estado Nacional, a expertos en el tema, a todos los partidos políticos, al poder judicial, a las Universidades nacionales que puedan producir conocimiento fundado, a los municipios a fin de conocer las diferentes problemáticas y a las ONGs representantes de la ciudadanía, si tuviésemos un plan podríamos generar PROGRAMAS de acción adecuados a cada zona, acorde las tipologías de los delitos que allí se generan en una forma coordinada e interdisciplinaria, una cuestión reclamada por la sociedad toda, reconocida tardíamente y sin plan concreto en diez años de gobierno kirchnerista, aunque varios lineamientos para un plan de éste tenor se volcaron al documento “Modelo Argentino de Seguridad Democrática” y quedo solo en eso, un documento generado en el ámbito nacional que no configura un plan nacional de seguridad ciudadana, cuyos diez ejes estratégicos se cumplen solo en parte, debido a que no se consolido la participación comunitaria, se mantienen desacuerdos para el correcto gobierno político de la seguridad; la transformación tecnológica prevista es parcial y abarca algunos niveles no todos; no esta consolidada la articulación del sistema federal de seguridad, cada uno aplica diversos criterios y enfoques; decayó el nivel de la actividad referida a inteligencia criminal, producto de la Ley de inteligencia nacional; no se visualizan mayores acciones contra el crimen organizado y éste a su vez adquiere mayor complejidad con el lavado de dinero y diversas formas de narcotráfico, incluyendo la modalidad del asesinato por medio de sicarios; el mayor esfuerzo operacional se da en actividades de despliegue, con descuido de otras zonas fronterizas candentes a nivel nacional y han empeorado las condiciones laborales y de atención de los efectivos policiales y sus familiares por parte de obras sociales propias, salvo casos específicos en hospitales policiales. Otro agregado es que no hay intercambio de información operativa entre los distintos niveles estatales o provinciales para combatir el delito organizado o la trata de personas, ni tampoco intercambio de información de inteligencia operativa entre países latinoamericanos, a lo que se suman los diferentes criterios de actuación judicial. Todos los aspectos mencionados son una clara muestra de la inexistencia de un Plan estratégico Nacional de Seguridad Ciudadana, siendo otro elemento importante que no se construyó nada con participación de todas las partes y desde allí se producen las fallas en su implementación, uniéndose la carencia de recursos que lleva al fracaso de una política claramente unitaria y no federalista. La ley de Inteligencia nacional que creo la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, a su vez trajo una transformación en todos los organismos de Inteligencia de las Fuerzas de Seguridad Federales y provinciales que dejaron de efectuar inteligencia operativa contra el crimen organizado quedando supeditadas a las órdenes judiciales, ante la posibilidad cierta de ser denunciados por hacer inteligencia interna y esto también es contribuyente al fracaso de la política. La Presidenta de la Nación lo que lanzo no fue un Plan, si no un Programa –sin un plan previo- basado en la Ley de Seguridad Interior 24.059, cuyos objetivos son buscar cumplir en parte, alguno de los ejes estratégicos antes mencionados, con un despliegue de fuerzas de seguridad nacionales en el conurbano bonaerense que solo son un paliativo momentáneo, como lo fueron en su momento el Operativo Centinela (2011) con 6000 efectivos de Gendarmería y Prefectura Naval; el Plan Cinturón Sur (2.500 efectivos GN y PNA); el Plan Ciudad Segura (CABA, 2500 efectivos GN y PNA); el Operativo Escudo Norte con 2500 efectivos PNA y GN, el Operativo Tren Alerta; el Plan de Seguridad Urbana con despliegue de 11000 efectivos de PFA, el Plan de control de acceso a CABA (2011) con 700 efectivos de GN. Ninguno de ellos conformo un plan estratégico nacional del cual se desprenden programas y acciones con objetivos concretos a cumplir, todos fueron parches -aunque a nadie le guste que lo diga-, en tanto que las gestiones locales de seguridad son pequeñas contribuciones sin coordinación, con ejecución de programas de los que no se conocen sus resultados concretos ni brindan mayor seguridad ciudadana y si no veamos Florencio Varela o La Plata, donde los hechos delictivos cada vez son más frecuentes (robos a comercios, bancos, casas particulares, salideras bancarias, robo automotor), droga que se encuentra en todos los barrios, infinidad de talleres mecánicos clandestinos, coches desguazados en plena vía pública, patrulleros nuevos que no duran nada, combustible que no alcanza para cubrir las zonas que les compete y falta de presencia policial activa, que se ve solo en el microcentro ensimismados con sus celulares, cuando la seguridad ciudadana implica responsabilidad y un mayor despliegue en los barrios. Tampoco es solución la policía comunal armada a cargo de los intendentes como se plantea en un proyecto de Ley, los mismos no tienen cabal conocimiento del tema ni mucho menos recursos humanos y medios para formar personal idóneo y más que solución sería un problema al no tener que ver con las funciones específicas municipales, aunque es improbable que el Estado provincial delegue atribuciones del poder de policía que le compete y menos recursos que no tiene, más fácil es que los políticos se pongan de acuerdo, comiencen a dejar la mentira de lado, activen su inteligencia y se dediquen seriamente a delinear políticas de Estado referidas a Seguridad Ciudadana y no a Seguridad Interior que son conceptos parecidos pero totalmente diferentes y a pensar como incluyen en actividades productivas a los menores de edad para que no caigan en la drogadependencia y la delincuencia posterior, no a decir como algunos “yo tengo un plan” y en realidad no tienen nada, solo así lograran recuperar la credibilidad y la confianza otorgada por un voto que hoy tiende a quitarles un poder que no es perpetuo y que muchos vinieron utilizando en provecho propio. Licenciado 

Jorge A. De Gioia