Debate Judicial Por Legitimidad Del Operativo De Detención De La Ex Concejal Nélida Ruíz

Finalizó al juicio oral y público y el TOC 4 de Quilmes pasó a deliberar el veredicto. El fiscal pidió 5 años y 4 meses de prisión por el delito de extorsión. El defensor requiere nulidad de la prueba por una presunta mala praxis judicial.




El lunes pasado se celebró en el Tribunal Oral Criminal Nº 4 del Departamento Judicial Quilmes, la última audiencia del juicio oral y público, en la causa 565/2009, que se le sigue a la ex concejal del peronismo Nélida Ruíz por el presunto delito de extorsión en perjuicio los dueños del desaparecido boliche bailable Complejo Sur. En la mencionada audiencia se escucharon los alegatos de las dos parte. El fiscal Claudio Pelayo, que representa a la víctima, solicitó la pena de 5 años y 4 meses de prisión para la imputada, ademas de la inhabilitación por dos años para ejercer cargos públicos, mientras que su defensor, el abogado Gabriel Bicinskas fundamentó la absolución por entender que las pruebas en contra de Ruíz están viciadas de legalidad judicial y para ello llevó a estrado distintos argumentos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Cabe recordar que Ruíz llegó el juicio oral en libertad y en el marco judicial de un proceso que se iniciara el 28 de Noviembre de 2006, con su detención ocurrida el la estación de servicio de Ruta 36 y la avenida Senzabello donde Fabio Corzini, quien dijo ser dueño del bailable, le entregó un sobre con dinero a Ruíz, atemorizado por las presión que recibía de esta, en función de los escándalos que se generaban afuera y dentro del baile y que sobresaltaban al vecindario. Corzini, el hombre que no tuvo empacho en apretar públicamente a las cámaras de TV y a los periodistas del programa GPS que conduce Rolando Graña por América TV, es el mismo que le tenía miedo a Ruíz y por ello fue a la justicia. Increíble argumento que ahora habrá de analizar el tribunal de cara al veredicto que se escuchará este viernes a las 13 horas.

Ruíz siempre dijo que su detención había sido el precio que debía pagar por el hecho de estar al lado de los vecinos, desde la presidencia de la Sociedad de Fomento 26 de Diciembre del barrio de Villa Angélica, la que le dio una dura batalla para terminar con los escándalos que se generaban en el boliche, del cual nunca se desmintió que lo tuviera a Francisco "Chicho" Basile como uno de sus dueños. Y esto mismo relató ante los jueces el lunes pasado al hacer uso de la palabra. Sacó de su cartera dos cosas: Una fotografía de la casilla de madera que comprara con su marido hace años, para instalarse en Villa Angélica, justo detrás del bailable. Dijo que esa misma casilla es su casa actual. Los jueces se interesaron en ver la casilla. El otro elemento que puso en manos del tribunal fue la edición del viernes pasado de Varela al Día en la que publicamos la foto de Corzini apretando a los colegas de América TV. Y se preguntó ¿Este señor me tenía miedo?

Así las cosas Corzini sería en este caso un testaferro de Basile y en ese marco se presentó en el juzgado de Garantías del Juez Martín Nolfi, en 2006, para denunciar que Ruíz lo atemorizada, lo amenazaba con hacerle cerrar el bailable y de paso le pedía plata. El caso tiene un aroma a hecho político-judicial, teniendo en cuenta que un año antes de su detención, Ruíz había llegado a la concejalía por el espacio de Graciela Giannettasio, quien enfrentaba a Julio Pereyra.

Del debate oral y público y en especial los alegatos, se conoció que al magistrado Martín Nolfi solo le alcanzó los dichos de Corzini y el testimonio de un empleado de este para ordenar escuchas telefónicas. Luego se generó el operativo en el cual Ruíz fue a recibir dinero marcado, donde se la iba a filmar y al final detener. Para esto Corzini la convocó esa tarde a la estación de servicio de Senzabello y Ruta 36 y Ruíz había aprovechado la oportunidad para recordarle que a las 17 había una reunión con el municipio en la Sociedad de Fomento, por la inseguridad reinante en la zona los días de baile. Esto había desembocado en el robo y lesiones que sufriera el vecino Roberto Gómez, que a la postre derivaron en su muerte.



El ultimo testigo

Daniel Alejandro Ruíz no concurrió a declarar en el inicio del debate que se desarrolló el pasado miércoles 8. Lo hizo el lunes antes de pasar a escuchar los alegatos. Ruíz fue testigo de Corzini y en su declaración reveló detalles que el fiscal Pelayo usó parcialmente. Al ser preguntado por la relación con el denunciante, señaló haber sido empleado en negro de Complejo Sur. Tenía a cargo todo lo técnico (iluminación y sonido) al principio y también el mantenimiento general al final. Detalló que presenció una reunión de Corzini con Ruíz en la YPF de la ruta y su jefe terminó muy ofuscado tras la charla con la concejal. Dijo que al tiempo se generó la detención de la por entonces edil. No se descarta que en esa reunión Ruíz le haya manifestado a Corzini el pedido de informes que el Concejo Deliberante iba a sancionar por los escándalos del baile. El testigo dio más detalles. Dijo que con Corzini no se llevaba bien. Que lo veía a Basile en el baile y alguna vez lo vio alcoholizado. Tambien dijo que Ruíz solía ir al baile y cada vez que hablaba con Corzini este se ponia de mal humor. Por aquellos dias el clima de esfervecencia que se vivia en Villa Angélica era particular. ¿Podía una concejal extorsionar y al mismo tiempo encabezar las protestas en contra de quien le daba plata?



LOS ALEGATOS.

Para el fiscal Claudio Pelayo la prueba colectada por su ministerio reunía todos los elementos para condenar a Nélida Ruíz por el delito de extorsión simple. Dijo Pelayo que la acusada le había solicitado $1000 a Corzini en siete oportunidades. Claro que son los dichos de Corzini, pues prueba de ello no hubo. “A fojas 37 de la causa se dice que hubo 18 pagos, con lo cual suena a contradictorio”, dijo el abogado Bicinskas. ¿Cuál es el verdadero hecho? También dijo el fiscal que Ruíz aumentó sus exigencias llevando la suma a $2500, caso contrario le haría cerrar el local. Quienes hemos cubierto los hechos de los escándalos que rodearon al Complejo Sur y la inacción que evidenciaron las autoridades municipales, con el por entonces secretario de Gobierno Ernesto Bargas, para sancionar a los dueños, no cabe menos que preguntarse. ¿Cuál era el poder de esta mujer que se quejó con sus vecinos durante 6 años y no logró que el municipio ordenara la cosa? El abogado defensor reemplazo la palabra "Cama" con otras definiciones judiciales.

Para el fiscal Pelayo quedó acreditado que el pago de $2500 se generó a las 16 horas con la presencia de testigos hábiles. El operativo fue filmado y fotografiado por un fotógrafo que se presentó diciendo que era de Varela al Día. Esas fotos están en el expediente, pero el fotógrafo no era de este diario. Mintió. El fiscal dijo que no había dudas que Ruíz recibió el dinero en un sobre de madera que le diera Corzini. ¿Sabía Ruíz lo que había en el sobre?

El fiscal dijo que Corzini ya no podía más soportar el miedo que le generaba Ruíz porque le había anunciado que le iba a hacer cerrar el local o se lo iba a prender fuego. Entonces Corzini, el mismo que arregla los problemas rompiéndoles los huesos a periodistas nacionales, se veía obligado a entregarle plata a esta mujer. Para el doctor Bicinskas la prueba del fiscal se basó en la detención de Ruíz. A partir de allí se construyó esta historia.

En su alegado el defensor reclamó las nulidades de las grabaciones de audio, de video y el acta del procedimiento. Además dio una clase magistral de jurisprudencia en Derechos Humanos. Es profesor de la UBA y ha representado por concurso a la Universidad en Estados Unidos en Derechos Humanos. Además ha preparado equipos sobre el tema y ha hecho denuncias contra el Estado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El abogado hizo hincapié, además, en las garantías constitucionales que se vulnerarían para con la acusada. Esto llamó la atención del tribunal que escuchó atentamente. Fue explicito Bicinskas al describir la orden del juez Nolfi para intervenir los teléfonos de Ruíz, cuyas grabaciones nada aportaron, dijo el abogado, violando el derecho a la intimidad de las personas, pues para que esto suceda el juez debe tener elementos de pruebas contundentes. La orden de intervención de los teléfonos se dio con una simple declaración de Corzini. ¿Será para todos iguales? También el joven abogado, que representa al Departamento de Justicia y Paz del Obispado de Quilmes, atacó el acta del procedimiento a la que declaró nula de toda nulidad. El testigo Larrosa, un hombre mayor que ese día 28 de Noviembre de 2006 había acordado una cita amorosa en le YPF de Ruta 36 y Senzabello, al declarar en el juicio recordó haber llegado a las 16 horas para su cita y lo tomaron de testigo. "El acta de la policía dice que se comienza a juntar el dinero y a grabar la situación en presencia del testigo y el testigo dijo en el juicio que llegó a las 16 horas al local de la YPF. Ese testigo estuvo desde las 12:51 de ese día en la DDI de Quilmes, dice el acta. “El testigo nos contó lo que vivió y dijo que se acordaba todo porque tenía en el lugar una reunión con una chica. Fue fiel a lo que vivió. La policía hizo un acta que no corresponde y se tiene que anular", señaló el defensor. El Fiscal Pelayo hizo uso de la réplica y dijo que son cuestiones meramente horarias. Para el defensor el acta no es solo eso, está viciada de nulidad. El abogado atacó el video que se filmó. En el acta figura que la filmación duró más de una hora con 10 minutos, pero en la causa hay dos videos de 20 y 25 minutos cada uno, que fueron filmados en una tarjeta y el contenido de esta fue pasada a un CD, con lo cual se contaminó la prueba. Es más: “La edición del video se hizo en un local de la avenida Acoyte el 1100 de la Capital Federal. No se la hizo en la DDI de Quilmes, en la DDI de La Plata. Todos sabemos que con la tecnología se pueden editar situaciones y hasta contaminar el audio con ruidos, como sucede en este caso", señaló el letrado ya agregó: "El video se tiene que conservar con la prueba original para que la parte la pueda controlar, por eso es el ataque a esta prueba".

"Es importante señalar la orden que da el juez de Primera Instancia a la hora de ordenar las escuchas telefónicas. Esto tiene que estar fundado, motivado. En los elementos que señala tiene dos denuncias y un testimonio. Las dos denuncias son por dos reuniones, en una dice que hubo pago y en la otra no. El testigo no vio ni escuchó nada de que hubiera intimidación. ¿Cómo motiva esto al juez? El juez debe superar estas contradicciones que hay, para avanzar sobre el derecho a la intimidad. Si no, se están violando garantías constitucionales. Aquí hay una prueba contraria a la Constitución Nacional. Yo puedo reclamar esto en la Corte Interamericana de Derechos Humanos", cerró.



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