El plan de lucha se iniciaría el lunes 27 con la ocupación de tres predios del conurbano, en Florencio Varela, Rafael Calzada y Glew. “Vamos a tomar tierras”, aseguran. Otro foco estará en la toma de viviendas que empezar a construir las Madres en Rosario y quedaron a cargo del Movimiento Evita, que lidera el kirchnerista Emilio Pérsico, tras el escándalo con los Schoklender. Las obras habían sido prometidas a comunidades de mocovíes, tobas y pilagás. El plan contempla movilizaciones contra los gobernadores Jorge Sapag, en Neuquén; Gildo Insfrán, en Formosa; Jorge Capitanich, en Chaco; y hasta un escrache contra Eduardo Fellner, en Jujuy.
Las comunidades indígenas se encuentran en estado de alerta y deliberación. En rigor, mucho más que eso. Con el apoyo de la CTA y de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), tienen diseñado un plan de lucha que comprende desde la simbólica colocación de una carpa en Avenida de Mayo y 9 de Julio hasta la toma de tierras fiscales y de viviendas realizadas con dinero del Estado. Eso apenas para empezar. El mes que viene, si no reciben una señal del Gobierno, prevén la presentación de una denuncia en la ONU contra la administración K por “no respetar la propiedad colectiva de la tierra” y la harán con un argumento sensible en un momento sensible: sus representantes dirán que la Argentina no puede reclamar la soberanía sobre las Malvinas cuando “mantiene colonizados a los pueblos originarios” .
El martes, la Junta Indígena Nacional de Conflictos Territoriales, que nuclea a etnias de casi todas las provincias –los pueblos mocoví, toba, quechua, mapuche, wichi y kolla, entre otros– envió una carta que habla de “ultimátum” al ministro del Interior, Florencio Randazzo. Le advierten sobre la “emergencia territorial” y la “total indiferencia” del Gobierno a sus reclamos, que habían sido recordados también por carta en mayo, julio y diciembre del año pasado.
Dice el texto: “El incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de sus representaciones forzosas sobre los pueblos indígenas de todo el territorio originario nos otorga libre arbitrio para resolver y asumir la defensa contra la actitud colonialista persistente de no brindar soluciones específicas a los verdaderos dueños del territorio ahora argentino”.
La tensión entre las comunidades indígenas y el Gobierno se agudizó en los últimos tiempos por los conflictos provinciales y las represiones policiales, especialmente luego de la muerte de dos qom en Formosa tras el desalojo violento de un corte de ruta. Si bien fueron hechos graves otro dato que parecería menor pero que influyó en la reacción indígena fueron ciertas operaciones de desgaste del kirchnerismo. “Hasta crearon indios K . Les dieron beneficios a algunos de los nuestros para dividirnos. Quisieron cooptarnos”, dijo a Clarín Daniel Segovia, titular del Consejo Nacional Indígena. Hay quienes acusan a algunas agrupaciones oficialistas de entrometerse en las elecciones de caciques de varias etnias y fogonear elecciones paralelas.
“Todo esto pasa mientras el Gobierno no da respuesta a ninguno de nuestros reclamos. Por eso vamos a pedir que, mientras mantengan sin tierras y colonizados a los pueblos originarios, la ONU no tenga en cuenta el pedido argentino de reclamar soberanía sobre las Islas Malvinas porque es una contradicción”, amenaza Myriam Liempe, a cargo del departamento de la CTA dedicado a los pueblos originarios. La Junta acudiría a la ONU representada por Silvia Vázquez, la ex diputada que rompió con el radicalismo K tras su frustrado intento por aprobar una ley que reconozca la propiedad colectiva de las tierras que reclaman los pueblos indígenas.
CLARIN.COM
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