Ese fue el mensaje que se impartió en dos encuentros en el piso 11 del Ministerio de Planificación para adoctrinar a intendentes bonaerenses. Se los convocó a "militar" por la instrumentación del recorte, a confeccionar informes con las zonas más acomodadas, para excluirlas del beneficio y a participar del operativo de distribución de tarjetas SUBE, paso ineludible para poder aumentar las tarifas del transporte.
El panorama inquieta a los jefes comunales que ejecutan, en paralelo, una suba de las tasas municipales que ronda entre 20 y 25 por ciento. "Se puede complicar la recaudación. Además, nos convertimos en portadores de malas noticias al tener que armar las listas de los que no califican para ser subsidiados", esgrimió, más tarde, uno de ellos. "Esto va a ser gradual para ver hasta dónde podemos ajustar el cinturón, van a ir midiendo", arguyó otro ante LA NACION.
Igual hubo enrolamiento estricto en las charlas por las que desfiló más de una veintena de caciques, como Darío Díaz Pérez (Lanús), Julio Pereyra (Florencio Varela), Francisco Gutiérrez (Quilmes), Raúl Othacehé (Merlo), Hugo Curto (Tres de Febrero), Luis Acuña (Hurlingham), Sandro Guzmán (Escobar) y Darío Giustozzi (Almirante Brown).
A casi un mes del primer anuncio de los recortes, Cristina Kirchner busca respaldo concreto para agilizar la puesta en marcha del nuevo esquema en un contexto económico que emerge complicado. A pedido de la Casa Rosada, los jefes comunales se comprometieron a desplegar campañas para lograr la mayor cantidad de renuncias voluntarias a subsidios en luz, agua y gas, y en los próximos días deberán elevar un mapeo detallado de los barrios que consideren que no necesitarán conservar la ayuda estatal, confiaron a LA NACION fuentes nacionales y municipales.
En las reuniones, el ministro Julio De Vido hizo una promesa clave: a cambio del apoyo, parte de los fondos que se recuperen por la poda de subsidios serán devueltos en obras públicas en los municipios. Se barajaron, por ejemplo, ampliación de las redes de agua potable y cloacas.
En el Gobierno confirmaron a LA NACION que darán prioridad a iniciativas que impliquen la contratación de abultado personal con la premisa de sostener el empleo y no enfriar el consumo.
Habrá otra tanda de encuentros esta semana, quizá más áspera, entre los equipos técnicos de los municipios y los del gobierno nacional para afinar detalles del plan. No fue casual en ambas cumbres, realizadas el martes y miércoles pasados, la presencia del secretario de Obras Públicas, José López, encargado del monitoreo fino de los proyectos de infraestructura en el Gran Buenos Aires.
En la cabecera de la mesa también estuvieron, aunque con menos protagonismo que De Vido, el ministro de Economía y vicepresidente electo, Amado Boudou, y el secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi. Todos reforzaron ante los barones de la primera y la tercera sección electoral, las más poderosas, un único concepto para disputar la "batalla discursiva": promover que no se trata de un ajuste, sino de un "redireccionamiento" de recursos que no afecta a los segmentos más vulnerables.
El panorama inquieta a los jefes comunales que ejecutan, en paralelo, una suba de las tasas municipales que ronda entre 20 y 25 por ciento. "Se puede complicar la recaudación. Además, nos convertimos en portadores de malas noticias al tener que armar las listas de los que no califican para ser subsidiados", esgrimió, más tarde, uno de ellos. "Esto va a ser gradual para ver hasta dónde podemos ajustar el cinturón, van a ir midiendo", arguyó otro ante LA NACION.
Igual hubo enrolamiento estricto en las charlas por las que desfiló más de una veintena de caciques, como Darío Díaz Pérez (Lanús), Julio Pereyra (Florencio Varela), Francisco Gutiérrez (Quilmes), Raúl Othacehé (Merlo), Hugo Curto (Tres de Febrero), Luis Acuña (Hurlingham), Sandro Guzmán (Escobar) y Darío Giustozzi (Almirante Brown).
lanacion.com
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