Se realizó la charla Economía, responsabilidad civil y dictadura

En el marco de las actividades para conmemorar el 40° aniversario del golpe militar se realizo en la UNAJ la charla Economía, responsabilidad civil y dictadura. Reflexiones a 40 años del golpe de Estado. En la ocasión se presentaron los libros  La Dictadura del Capital Financiero y Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad, dos investigaciones que dan cuenta del rol protagónico de los grupos económicos concentrados durante la dictadura.


Del panel de presentación  participaron el rector de la UNAJ Ernesto Villanueva, el periodista económico Raúl Dellatorre, la investigadora de FLACSO-CONICET, Victoria Basualdo, y los  docentes de la UNAJ, Alejandra Esponda y  Walter Bosisio.
Durante la apertura del encuentro el rector de la UNAJ, Ernesto Villanueva,  destacó la importancia de los trabajos presentados para “reinterpretar la historia argentina”. “Estudios socioeconómicos que muestren que las dictaduras tienen un cierta racionalidad, que no han sido caprichos aislados de sargentos, de coroneles, de generales autoritarios, sino que han sido consecuencia de intereses muy fuertes en la Argentina, que eran imposibles de llevar adelante sino mediante la fuerza, es algo sobre lo que tenemos que reflexionar una y otra vez”, manifestó el rector.
Periodista de la sección Economía del diario Página 12 y de la Televisión Pública, Raúl Dellatorre destacó el interés de ambos trabajos de investigación para el abordaje de un tema que había quedado oculto en los análisis acerca de la última dictadura.
“Si entendemos que la dictadura fue un proceso fundacional de un modelo de país, y no entendemos que ese modelo fue impulsado por grupos económicos concentrados que lo hicieron a su medida, y ese modelo en muchos sentidos prevaleció y sigue existiendo, nos estamos perdiendo una parte importante para analizar este presente que tenemos hoy”, consideró Dellatorre. “Esos grupos concentrados que se formaron o se fortalecieron durante la dictadura son los mismos que después fueron condicionando el proceso democrático”, agregó el periodista.
Victoria Basualdo, co-autora junto a Alejandra Esponda del libroResponsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad, se refirió a la génesis de esta investigación,  producto del trabajo conjunto del Programa de Verdad y Justicia del Ministerio de Justicia, la Secretaría de Derechos Humanos, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), que analiza las formas en que distintas figuras empresarias se vincularon con la represión de los trabajadores durante la dictadura cívico-militar.
“Estamos hablando de cuestiones muy específicas, no de vínculos y relaciones sociales, sino de provisión de listas, de provisión de recursos materiales, de vehículos para la detención de trabajadores, de la existencia de centros de detención en los propios establecimientos fabriles, de la presencia de figuras empresariales en la detención y en la tortura de los trabajadores, de un proceso de militarización de las fábricas que incluyó distintas formas de disciplinamiento, que muchas veces terminaron en la tortura, secuestro y muerte de los trabajadores”, puntualizó Basualdo.
El libro (disponible en internet) reúne 25 casos de empresas de todo el país, que en su conjunto abarcan a 900 trabajadores que fueron víctimas de delitos de lesa humanidad. “Lo que vemos son justamente estas prácticas empresariales represivas que nos permiten pensar que no es suficiente pensar en estos sectores empresarios como cómplices, que es un término que en general se ha utilizado, sino que en realidad son responsables de estas políticas represivas y tuvieron una participación directa en ellas”, explicó la investigadora.
Por su parte Alejandra Esponda se refirió, en particular, a los casos de empresas pertenecientes al cordón industrial que se extiende desde el sur de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense hasta La Plata, Berisso y Ensenada: los del frigorífico Swift, en Berisso; la firma Propulsora Siderúrgica perteneciente al grupo Techint, en Ensenada; la empresa textil y química Petroquímica Sudamericana; el astillero naval Río Santiago, de pertenencia estatal; la fábrica textil y de calzado Alpargatas, perteneciente al grupo económico Roberts, con foco en sus plantas de Barracas y Florencio Varela; y la planta de la empresa cerealera Molinos Río de la Plata, perteneciente al grupo económico Bunge y Born, localizada en Avellaneda.
Finalmente, el docente de la UNAJ, Walter Bosisio, describió la investigación realizada junto a Bruno Nápoli y Celeste Perosino, en el marco de la Oficina de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Valores, titulada La dictadura del capital financiero. El golpe militar corporativo y la trama bursátil, que a través del análisis de material documental y archivos del sistema financiero de la época revela, cómo los grupos económicos concentrados formaron parte del entramado político y administrativo del gobierno militar, y lejos de desempeñar en él un papel de cómplices desempeñaron un rol protagónico en la instauración de un modelo económico que los tuvo como principales beneficiarios.
La charla fue organizada por el Instituto de Ciencias Sociales y Administración, el Centro de Estudios Políticos Arturo Jauretche, ADEIUNAJ, CEUNAJ y la agrupación HIJOS Provincia de Buenos Aires.



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