En Buenos Aires un inusitado fallo judicial determinó en abril pasado que pintar grafitis en las paredes constituye el delito de daño, por lo que puede ser reprimido con penas de entre 15 días y un año de prisión. Florencio Varela no escapa a esta situación y los frentes de miles de viviendas particulares revelan la impunidad absoluta de quienes hacen del aerosol un modo de divertimento.
¿Qué medidas pueden aplicarse? ¿Qué pueden hacer los municipios del COMCOSUR?
La Sala V de la Cámara Nacional en lo Criminal revocó el sobreseiminento otorgado en primera instancia a seis jóvenes imputados de pintar leyendas con aerosol en las paredes, persianas y cámaras de seguridad de una propiedad privada
La polémica resolución apareció en tiempos de campaña electoral, cuando las pintadas políticas se multiplicaron en los paredones de todo el país. Además, en los últimos años, el grafiti evidenció un crecimiento fenomenal entre los jóvenes, que lo consideran una forma de arte callejero, pero sin respetar la propiedad privada. De modo que nadie puede hoy contratar un pintor y cambiarle la cara a la fachada de su inmueble, pues la impunidad de la mano de un aresol habrá arruinado la obra del trabajador y llevará al propietario a tomar tranquilizantes para los nervios.
Ensuciar la pared de una propiedad privada constituye un agravio al propietario. Cualquier escrito, pegatina o desfiguración del frente cuesta dinero, en regresarlo al estado natural, por lo que la agresión es equivalente a hurto del patrimonio Y más aun si el propietario está queriendo vender su propiedad. Ese daño moral no es resarcible fácilmente. Además constituye un dolo.
El sentido de culpa de quien lo realiza, se manifiesta claramente, pues lo hace de noche, cuando la vigilancia es menor o imposible de visualizarlo. Por lo general nunca hay nadie apresado. Este diario no quiere un estado represor, solo dice lo que la sociedad organizada interpreta: respeto por la propiedad privada. Caso contrario que los del aerosol pinten los frentes de sus familiares, a ver que les dicen. O en el mejor de los casos pinten los frentes de las comisarías. ¿O no?
EL FALLO
Según el fallo, que lleva las firmas de los jueces Rodolfo Pociello Argerich y Mario Filozof, más la disidencia de Mirta López González, los grafitis "tienen carácter permanente sobre el bien y su remoción o quita exige una tarea material apreciable en dinero", por lo que constituye el delito de daño y puede ser penado con prisión.
En la resolución, la mayoría afirmó que las imágenes aportadas por la División Apoyo Tecnológico Judicial de la Policía Federal "dejan en claro los daños ocasionados, los cuales, más allá de las reparaciones efectuadas, subsisten, aunque no se aprecien las leyendas en la superficie de la pared".
Para la jueza López González, que votó en contra, la acción de los jóvenes no constituye un daño en el sentido penal, pero opinó que los costos por la reparación de la propiedad sí deben ser resarcidos.
"Los gastos que pudiera traer aparejados la remoción de la pintura de los bienes afectados constituye un perjuicio, pero en los términos del Código Civil, que puede ser dirimido y objeto de reclamo en el ámbito privado", sostuvo López González.
En la Capital, el artículo 80 del Código Contravencional porteño castiga con entre uno y quince días de trabajo comunitario y multas de 200 pesos a 3000 pesos al que manche o ensucie bienes de propiedad pública o privada.
Si hablamos de Florencio Varela no debe de existir un vecino que no considere los grafitis como sinónimo de vandalismo, que comienza con la venta en pinturerías de aerosoles a menores. Es necesario que las autoridades comunales tomen medidas en el caso.
El grafiti como expresión urbana experimentó un crecimiento durante los últimos cinco años que llevó a nuestra ciudad a ser lo que es. Grupos de jóvenes importaron la moda surgida en la década del ochenta en los Estados Unidos, de escribir las paredes dejando sus nombres o "tags", como suelen denominar a las inscripciones. Claro que estas leyendas afectan solamente a la propiedad privada. Para muchos de estos "pintores tags" la determinación judicial afecta la libertad de expresión, por lo menos asi lo han hecho conocer en los foros de los más importantes portales de Internet. El ataque es solo contra la propiedad privada. No se meten con el Estado, por caso de ir a pintar el frente de una comisaría y hacerle conocer su derecho al comisario de la libertad de expresión. Eso no lo hacen.
Los barrios cercanos al centro de Florencio Varela han sido tomados por los "grafiteros", que por lo general actúan de noche y realizan las pintadas en pocos minutos sobre las superficies más diversas: persianas, paredones, vagones de trenes y hasta semáforos son potenciales "lienzos" para estos grupos.
En Varela centro no hay frente que no tenga su leyenda. El cruce peatonal del bajo nivel todavía no ha sido inaugurado y sus rústicos ladrillos han recibido las leyendas urbanas. Esa pintura no sale más. Nada la remueve. Ha penetrado en el material. De modo que solo se salva derrumbando la pared para construirla a nuevo. La esquina del edificio de Telefónica, de San Martín y Del Valle está siendo recuperada por la empresa monopólica y cuando aun están en obra ya le pintaron la pared con aerosol. Ni que hablar de los monumentos, como el edificio de la Escuela Nº 11. Aquí merece un párrafo aparte para los docentes que dicen educar a nuestros chicos. La pegatina de opositores al oficialismo del SUTEBA está a la vista al igual que la campaña de lo opositores de ATE. El Centro Cultural Sarmiento se cansó de pintar su frente, el Instituto Santa Lucia también, por mencionar solo algunos casos testigos. Ni que hablar de los vecinos que no tienen voz para hacer escuchar sus reclamos, que caen en saco roto. La gente está sumamente indignada. El Concejo Deliberante debe tomar medidas en serio, de las que hace años no se toman a favor de la gente. Y en Varela pasan cosas. Muchas cosas que nos afectan a todos por igual.
SALIDA POR EL
COMCOSUR
Para frenar esta ola de agresión a los frentes de los domicilios particulares, en su gran mayoría, son necesarias medidas que sancionen estos delitos y a la vez que impongan trabas para acceder a las herramientas fundamentales: El Aerosol.
Pero claro, para que ello suceda deberían estar involucrados los distritos vecinos, pues sino habrá de suceder lo que pasa para fin de año con la comercialización de pirotécnia. En Varela está absolutamente prohibida su comercialización y el consumidor la compra en Quilmes o Berazategui.
El COMCOSUR representa en 7 intendencias a más de 3 millones de bonaerenses. Debería armar una ordenanza en común para cerrar la venta de aerosoles a menores de edad y con un compromiso bien fuerte, a través de sanciones, de los comerciantes. Existen pocas posiblidades de creación de una medida en defensa de los vecinos, pues los partidos políticos son los dueños de la calle y en época de campaña nadie se salva de sus leyendas y pegadas de afiches. Caso contrario el COMCOSUR seguirá luciendo los pantalones cortos de la política.
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