La muerte del joven Franco Casco será investigada por la Justicia federal

El joven bonaerense estuvo preso en la comisaría 7ª durante los primeros días de octubre. Días posteriores, su cuerpo fue hallado sin vida por Prefectura, flotando en el río Paraná.
Dos meses después de la muerte de Franco Ezequiel Casco, el juez Federal Carlos Vera Barros aceptó la competencia de la investigación y delegó la pesquisa al fiscal Marcelo Degiovanni, quien se hará cargo del caso ahora caratulado como una "desaparición forzada de persona", tal cual lo habían solicitado el defensor general de la provincia, Gabriel Ganón, y la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) del Ministerio de Seguridad de la Nación. El muchacho, oriundo de la localidad bonaerense de Florencio Varela y padre de un niño de 3 años, llegó a Rosario para visitar familiares asentados en Empalme Graneros a fines de septiembre pasado.
La última vez que uno de sus familiares lo vio con vida fue el 6 de octubre y luego se supo que estuvo detenido en circunstancias poco claras en la seccional 7ª, de Cafferata al 300. La noche del 7 de octubre habría obtenido su libertad y 23 días más tarde, cuando ya se habían hecho varias marchas pidiendo su aparición con vida, agentes de Prefectura Naval lo hallaron sin vida en el río Paraná, frente al Parque España.
Inicialmente la causa había caído en manos del fiscal Guillermo Apanowicz, de la Unidad de Investigación y Juicio de la provincia, pero su accionar fue duramente criticado desde el minuto cero por el defensor Ganón, quien exigió el cambio de jurisdicción al entender que estaba ante una desaparición forzosa de persona. En ese marco, el 27 de noviembre pasado la jueza Roxana Bernardelli examinó el caso en una audiencia oral y pública en los tribunales provinciales y dijo: "No voy a permitir que pase un mes más para para que ésto se investigue como corresponde. Es una grave violación de los derechos humanos y no se puede esperar que transcurran los años". El guante quedó entonces del lado de la Justicia Federal, pero en una primera instancia el juez Marcelo Bailaque rechazó aceptar el caso y la medida fue apelada por el fiscal Degiovanni, al que se le sumó su par Adriana Saccone, y el Procuvin. Esa movida motivó que la Cámara Federal de Apelaciones tuviera que resolver.

En otras manos. Así fue que el Tribunal de alzada, con los votos de la jueza Liliana Arribillaga y el juez Carlos Carrillo (Fernando Lorenzo Barbará votó en disidencia) dispuso que el juez Carlos Vera Barros sea quien decidiera si aceptaba o rechazaba lo decidido por la magistrada Bernardelli. Con fecha 16 de diciembre Vera Barros tomó la causa y en su resolución remarcó que de las actuaciones remitidas por la Justicia provincial surge "la posible comisión del delito de desaparición forzada de personas por parte del personal policial dependiente de la comisaría 7ª de la ciudad de Rosario, quienes habrían intervenido en la detención de Franco Casco y el posterior accionar desplegado por los mismos, que culminara con la muerte del nombrado". Y encuadró los hechos como privación de la libertad (artículo 142 del Código Penal) al tratarse de funcionarios públicos. De encontrarse culpables podría caberles penas de entre 10 a 25 años de prisión.

Escritorios y calles. Mientras en los escritorios se dirimía la suerte del expediente por la muerte de Franco Casco, en la calle y arropada por organizaciones sociales y políticas la madre del joven, Elsa Godoy, marchaba pidiendo Justicia. "Sepan que yo sola no hubiera podido hacer nada. Quiero que se haga justicia, que los que mataron a Franco se hagan cargo. Gracias a todos", dijo la mujer, entre sollozos, durante la marcha del 11 de diciembre último.

"La investigación de los fiscales de la provincia en el caso Casco fue desastrosa. Un verdadero papelón. Queremos que quede bien claro que desde un primer momento nosotros sostuvimos que esta causa había que investigarla como un caso de desaparición forzada de personas. También debe quedar claro que hubo actores judiciales que contribuyeron a que se perdieran pruebas. Y hablo, además de los fiscales provinciales, del juez federal Marcelo Bailaque que actuó en contra de lo que establecen los estándares de actuación en estos casos y en contra de lo que dicen los tratados internacionales sobre la desaparición forzada. Bailaque debió declararse competente y no haber hecho perder tanto tiempo que es vital para la investigación", indicó en diálogo con LaCapital el defensor general de la provincia, Gabriel Ganón.

Por su parte, citado por el sitio web "fiscales.gob.ar" el titular de la Procuvin, Abel Córdoba, calificó como "muy importante que se comprenda la característica del hecho como desaparición forzada de persona. Si bien esto parece elemental para todo funcionario o magistrado, es la primera vez que ocurre en una tramitación de la Justicia federal".

Por otra parte, Córdoba señaló que la delegación de la causa va a permitir que el Ministerio Público Fiscal pueda desarrollar la investigación. En ese sentido, destacó el trabajo en conjunto de los fiscales federales de la jurisdicción con la Procuvin, "lo que se desarrolló en contacto con la familia y sus abogados. Es una condición para que haya justicia y obtengan una respuesta". Y agregó: "Franco Casco es la víctima típica de estos hechos: por su condición social, su juventud y por ser varón. Y también está involucrada una institución típica en la producción de estos hechos, como es la policía".

agenciafe.com