La resolución fue refrendada por unanimidad por los jueces Gustavo Spacarotel, Gustavo de Santis y Claudia Milanta, quienes no hicieron lugar a la apelación presentada por los ediles en Mayo pasado, tras la revocación del amparo otorgado en primer término por el juez Hernán Señaris. Ottonello y Carpinetti deberán pagar las costas del juicio.
En el mes de Enero pasado el municipio comenzó a ejecutar obras públicas sobre 6 tierras de la empresa Norchichas Potosí SA, que se registran en catastro bajo la nomenclatura I, circunscripción I, sección E, Fracción I, Parcelas 1 y 2. Los ediles estimaron que esas obras violarían la ley de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires, Ley 6021. Dicha normativa señala que las obras públicas pueden realizarse sobre bienes respecto de los cuales el municipio tenga posesión, sea titular.
Estas obras, de la avenida Thevenet, abarcaron tareas de desmalezamiento, apertura de calles, veredas, parquización e iluminación. Ottonello y Carpinetti señalaron esto ante el Juez Hernán Señaris, del Juzgado Civil y Comercial Nº 2 de Quilmes. El magistrado requirió a la comuna información sobre las obras y lo hizo con un plazo perentorio. En virtud de que lo requerido no cumplía con el fin, el juez dictó la medida de suspender las obras y a la vez ordenó un allanamiento a la municipalidad en búsqueda de la documentación.
Por esos días de Febrero no hubo nadie que no dijera en la comuna que ésta situación iba mal y por ende habría de terminar peor. Hasta se habló de altos funcionarios que podrían terminar complicados ante la justicia. Al mismo tiempo el abogado Jorge López, secretario Legal y Técnico de la Municipalidad de Florencio Varela, comenzó a colectar información en búsqueda de poder contener el embate judicial que el 18 de febrero pasado terminó con la irrupción de un oficial de justicia en la dirección de compras municipal para llevarse un expediente. Ese expediente contenía constancias de pagos a empresas, algunas de las cuales aun no habían realizado las obras requeridas. Cabe recordar que el monto total de la obra superaba los $2.6 millones de pesos y al 3 de Febrero, cuando comenzó el litigio judicial, se había abonado el 40%. Para tal fin el municipio realizó licitaciones privadas que no podían superar el monto de 400.000 pesos. Y así fue.
El último día de abril pasado el magistrado Señaris, tras analizar la cuestión, que no llegó al fondo, pues evaluó que se habían cumplido los pasos que había requerido, entendió que el debate debía darse en otro estamento como lo es el tribunal en lo Contencioso Administrativo.
Era claro que los concejales buscaron en todo momento un efecto político del caso. ¿Quien podría suspenderle obras públicas por presuntas irregularidades al presidente de todos los intendente del país a través de la FAM? Este era el efecto buscado. Y a decir verdad, el caso no salió en los medios nacionales. No tuvo el eco. Como tal, ahora llegaba la batalla judicial.
El juez Hernán Señaris revocó su orden de paralizar las obras en Mayo pasado, con lo cual todo regresaba cuando se dictó la medida. Pero para que las obras se retomaran debería quedar firme el fallo, ya que los concejales podrian apelar. Y asi fue. El municipio también apeló. La causa llegó al tribunal de alzada.
Ottonello y Carpinetti se presentaron ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de la Plata y ésta le dio al razón a Señaris imponiendo las costas del juicio a los ediles. Entre los argumentos que el municipio usó en su defensa no se menciona la obra del corsódromo sino que se destaca el abandono que presentaba el predio y atentaba contra el derecho a la salud de la población y contra la seguridad pública, motivo por el cual intervino con las obras públicas.
El municipio señaló que las obras de mejoras comenzaron en 2008. Este diario dio cuenta del abandono del lugar desde hace no menos de 7 años. Es más: hace 15 días publicamos que en el predio estaban arrojando camionadas de basura y nadie dijo si está bien o esta mal. (fotos que ilustran esta crónica)
En conocimiento de la última sentencia, el Municipio de Florencio Varela emitió un comunicado de prensa en el que se afirma que la justicia le dio la razón cuando lo ediles Dardo Ottonello y Julio Carpinetti no pudieron demostrar "daño grave e irreparable" que se aducía para activar dicha medida. "El tribunal -la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata- rechaza el recurso de apelación, por considerar que no había peligro, ni urgencia, ni gravedad alguna para dar lugar a lo que exigían los demandantes", dijo la comuna en su parte de prensa, al que se le agregó una entrevista al secretario de Gobierno, Andrés Watson quien es abogado pero no respondió con términos jurídicos. Los jueces han fallado.
La justicia habria buscado , de esta forma, una salida a un tema que puede derivar en una catarata de recursos de amparos en distintos municipios por obras públicas con presuntas irregularidades.
El caso ha dejado interrogantes tales como que no se sabe fehacientemente de quien es el predio y se ha dicho que dineros públicos en tierras privadas no se pueden invertir. Por lo pronto, eso dice la ley.
Varela al Día
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