Las circunstancias hacen al hombre, pero el hombre también hace a las circunstancias. Esta frase, postulada desde la teoría marxista, sintetiza el problema en el que nos encontramos hoy a escala mundial.
El modelo de desarrollo capitalista neoliberal, depredador de los recursos naturales y la explotación sistemática del hombre por el hombre, tuvo una finalidad: sostener una estructura social profundamente desigual e injusta en las condiciones de acceso a bienes propios de una vida digna. Ese modelo usufructuado por unos pocos, dio lugar a que millones de hombres, mujeres, jóvenes y niños sufrieran y sufran el hambre y la pobreza.
Este modelo que tratamos de desterrar, definitivamente, no sólo ha producido exclusión social sino que ha convertido a los territorios que habitamos, grandes conglomerados urbanos, en nuestras propias tumbas. Aguas para consumo humano contaminadas, destrucción de la biodiversidad por parte de empresarios que llevan adelante emprendimientos económicos industriales y/o agrícolas, explotación irresponsable de recursos no renovables, etc, han producido una situación de riesgo ambiental sin precedentes y la urgente necesidad de generar herramientas de intervención complejas que implican la corresponsabilidad entre el Estado y las organizaciones de la sociedd civil, herramientas que no se construyen por generación espontánea, que requieren de una política de Estado con visión de futuro desde la sustentabilidad del presente y con el objetivo supremo del bienestar común.
En el caso del territorio que habitamos, el distrito de Florencio Varela, no fue ajeno, ni lo es, a un modelo de crecimiento en donde los deshechos de la producción de las industrias, la ausencia de responsabilidad social de amplios sectores productivos de capital privado, el tratamiento superficial de nuestros graves problemas ambientales, la desatención de las causas sociales e históricas que produjeron este escenario, nos han llevado a la declaración de Crisis Ambiental en barrios como La Rotonda, a la existencia de más de una decena de tosqueras y basurales a cielo abierto, a la falta de concreción de las normas legales vigentes que prohíben los transformadores que contienen PCB, etc. Asimismo, y como una reacción espasmódica y a destiempo de lo que muchas organizaciones veníamos denunciando, tenemos instalada en nuestra propia casa la crisis vinculada a la producción y acumulación de deshechos con la necesidad, simultánea, de reducir sensiblemente la disposición en rellenos sanitarios abriendo para los varelenses un desafío: construir una alternativa, una solución que sólo es parte de la solución a un problema mayor.
Esta respuesta parcial, una Planta de Tratamiento de RSU, es necesario aclararlo, no va a transformar los hábitos de consumo, ni la forma en que los varelenses nos apropiemos de saberes que se constituyan en conciencia para transformar esos hábitos, como así tampoco va a transformar la lógica con la que se responde al problema de los residuos desde la planificación y la ejecución de las políticas públicas municipales para el área.
Creemos que se está depositando en esta propuesta una expectativa que en el corto plazo de su existencia ha tenido más de un revés que no se ha sabido interpretar. Aún así, creemos también que no es tarde para que desde una tarea intersectorial construyamos iniciativas de implementación para una gestión participativa en donde el Estado sea el motor, el ámbito y el respaldo del trabajo colectivo y la ejecución honesta de las respuestas que encontremos a un problema de todos.
Desde la organización de los trabajadores de la educación, el SUTEBA, hemos impulsado iniciativas de formación, capacitación y generación de puestos de trabajo para quienes intervienen en el circuito de recuperación de residuos que, inclusive, han tenido como partícipes a los alumnos y a sus familias , atravesando las instituciones educativas y construyendo propuestas que han demostrado ser viables pero que quedan invisibilizadas y a medio camino de consolidarse por las escasas posibilidades de articulación y desarrollo sostenidos, dada la ausencia de un presupuesto que las sostenga y la intervención del Estado como ordenador de las propuestas sectoriales en diálogo con las políticas del gobierno municipal.
Relevamiento de los hábitos de consumo y estudios estadísticos, llevados adelante por los alumnos, sobre la cantidad de papel y envases plásticos desechados en los hogares de nuestros barrios, incorporación de metodologías de acopio diversas con la finalidad de que fueran periódicamente recolectados por recicladores urbanos, el estudio sobre la reutilización de los desechos recuperables, han dado como resultado experiencias que no han sido debidamente consideradas como alternativas complementarias de la propuesta de una gestión.
Entendemos la Educación en nuestra provincia y en nuestro país fuertemente articulada con un proyecto productivo y de generación de empleo, que debe replicarse de manera coherente en el ámbito municipal a través de acciones tendientes a constituir ámbitos en donde construyamos respuestas a problemáticas tan complejas como la de tratamiento de los RSU. Respuestas que no sólo se constituyen en soluciones a la problemática ambiental sino que aportan a una estrategia de producción de empleo, capacitación técnica y la participación efectiva de los alumnos y educadores en distinta actividades de un proceso productivo o de trabajo real.
En el afán de avanzar hacia lo que pareciera la solución final, se pierde de vista que contamos con instrumentos de trabajo intersectorial que todavía no hemos tenido la oportunidad de llenar de debates y propuestas desde la articulación de acciones intersectoriales. Un ámbito recientemente constituido, el Concejo distrital para la Producción, la Educación y el Trabajo, es un ámbito propicio en donde la gestión municipal debería situar la formulación de una propuesta generadora de empleo, creando condiciones para la generación de nuevos puestos de trabajo desde el Estado con herramientas complementarias que garanticen, en este caso, no solo una eficiente recolección de residuos y su consiguiente sensible reducción al momento de ingresar a una Plana de tratamiento de RSU sino, además, la intervención estatal que transforme positivamente las condiciones en que los recolectores informales realizan su tarea, garantizándoles seguridad, higiene y dignidad a través de iniciativas que conlleven y promuevan la igualdad social a través de la incorporación de trabajadores al sistema productivo como una forma de dar respuesta a problemáticas que a simple vista parecen tan distantes. Los sectores empresarios, las organizaciones sociales y de trabajadores y el Estado municipal, no hemos tenido la oportunidad de otorgarle al COPRET un sentido y direccionalidad concretos para la construcción intersectorial de una propuesta con alto impacto social y de fuerte compromiso con la sustentabilidad de nuestra tierra. Creemos que políticas articuladas de formación, producción y trabajo deben construirse con la finalidad de dar respuestas integrales a problemas integrales definiendo modalidades de acción y participación real de los diferentes sectores convocados a tal fin, realizables y sostenidas en el tiempo, con proyecciones de corto, mediano y largo plazo que sean ofrecidas a la población para su interiorización, debate y posterior consulta vinculante sobre la mejor manera de avanzar en una solución, aunque parcial, en el presente y con el ánimo y el compromiso de intentar subsanar el deterioro ambiental del que somos responsables para con las nuevas generaciones.
Desde la Central de Trabajadores de la Argentina estamos convencidos de que una forma de complementar la tarea de recolección-disposición final de los RSU ligada a la gestión privada de recolección es la incorporación de la cadena de recuperación de materiales llevada adelante por aquellos sectores para los cuales los residuos constituyen un modo de subsistencia .
Los primeros eslabones de la cadena de recuperación, es decir, los que incluyen a “cartoneros” y cooperativistas, son los más críticos, ya que dependen de numerosas variables para seguir desarrollando su tarea (los precios de los materiales dependen de la cantidad de los mismos, la capacidad de acopio, la capacidad de acondicionamiento, las relaciones con los acopiadores, la competencia al interior de la cadena de recuperación).
Por todo esto, la cadena de recuperación posibilita que el círcuito productivo que se genera a partir de los residuos comience, pero no lo garantiza de por sí.
Que el Estado municipal fortalezca estos primeros eslabones y no los últimos debería ser parte de una gestión integral y social de los residuos sólidos urbanos, por dos razones fundamentales.
En primer lugar, porque existe una deuda social con el conjunto de los trabajadores que recolectan informalmente materiales recuperables: condiciones laborales dignas, capacitación por parte del Estado y una remuneración que retribuya una tarea de alto impacto ambiental si fuera planificada desde la gestión municipal como parte de la solución al problema de los RSU; en segundo lugar, porque el impacto que los varelenses deseamos se logrará orientando una estrategia integral de reducción de los RSU que articule las cadenas de recuperación construyendo una red de recolección y acopio con intervención concreta del Estado regulando la actividad.
Considerar los residuos como recursos implica que constituyan materiales con posibilidades de uso, y no como algo que ya no sirve. Las cadenas de recolección-disposición final y de recuperación de materiales utilizan los residuos sólidos urbanos como recurso. Trabajan con ellos, perciben dinero a través de su venta, a través de su entierro, perciben dinero a través de su recolección y transporte, a través de su gestión y administración, los utilizan como materiales de construcción, los reutilizan, los reciclan y crean nuevos materiales, secos u orgánicos, etc.
Los precios que los materiales adquieren en el mercado determinan de alguna manera que se realice o no la actividad. La recuperación sigue siendo rentable siempre y cuando pueda garantizar un mínimo para la comida de las familias y para mantener los medios de trabajo. De esta manera, la recuperación se inicia en la necesidades relacionadas con la supervivencia cotidiana de los recolectores y va asegurando la reproducción del acopiador y de los intermediarios hasta llegar a la industria. Así estas cadenas contribuyen tanto a lógicas de reproducción predominantemente vitales, de supervivencia, como a lógicas de acumulación de los grupos empresariales.
Y son los grandes grupos empresariales los que concentran la riqueza producida por estos trabajadores que el Estado no protege.
Si a estas formas de exclusión, todavía no abordadas con políticas públicas, el Estado las profundiza negando la oportunidad de acceder a puestos de trabajo genuinos surgidos de la necesidad de un emprendimiento vinculado a la solución de un único problema, qué hacemos con los residuos, el conjunto de la sociedad pierde la oportunidad de reparar, paso a paso, lo que los procesos históricos y políticos en la década de los noventa, apoyados en la matriz económica heredada de la última Dictadura cívico-militar, destruyeron: la filiación social que tiene en el Trabajo su columna vertebral.
Aún así sin ser reconocidos, denostados socialmente, sin políticas públicas que promuevan y protejan sus derechos, en su trabajo silencioso y cotidiano, estos trabajadores disminuyen la cantidad de basura que se entierra en el CEAMSE; minimizan la cantidad a transportar, es decir que disminuyen los costos de recolección de los residuos; proveen de insumos al sector industrial; y se trata de un sector de la población que vive directamente o indirectamente de los residuos, la recuperación de materiales es parte constitutiva de su supervivencia. La basura se torna así en un recurso de subsistencia, según la necesidad que prime (comida, trabajo, vivienda), y en la búsqueda del recurso se despliegan otros eslabones de la cadena (que también forman parte de la actual gestión de RSU), como el desvío de residuos y la importancia relativa que adquieren los basarles a cielo abierto.
Vulnerados en su derecho a la Salud, la Seguridad y la Higiene, muchos de los trabajadores informales involucrados en el manejo, transporte y disposición final de RSU, constituyen una población de alta exposición porque gran parte del trabajo que realizan se hace en forma manual sin ninguna capacitación y sin utilizar ningún equipo de protección, situación que se agrava con el manejo indiscriminado de los residuos sólidos convencionales y residuos peligrosos.
Ellos y sus familias constituyen un grupo altamente expuesto porque además de convivir con vectores y animales domésticos y sufrir los efectos de la contaminación de los residuos con los que trabajan, no cuentan con ningún servicio de saneamiento básico. Además, en muchos casos estas poblaciones actúan a su vez como “vectores” para la transmisión de enfermedades causadas por los residuos, en especial por carencias materiales indignantes que dificultan las condiciones de higiene personal y de sus viviendas.
Por estas razones, que no se agotan en sí mismas, es que desde la CTA planteamos la necesidad de incorporación de estos trabajadores y trabajadoras a una propuesta de creación de puestos de trabajo en vinculación con el Tratamiento Integral de RSU, si desmedro de los trabajadores formales del sector sino como parte de una estrategia que incida y redunde en un ambiente sano para la vida del conjunto de los varelenses.
Es el Estado quien debe resarcirlos. Es el Estado quien debe incluirlos. Es el Estado quien debe protegerlos.
Ignacio Concetti
Secretario General
CTA FLORENCIO VARELA
jueves, 25 de noviembre de 2010
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