En Florencio Varela existen aproximadamente 40.000 jubilados y pensionados, de los cuales el 76% sobreviven con la asignación mínima de $895, lo que no alcanza a cubrir la canasta básica, que esta estipulada alrededor de los $2000, el 24 % restante luego de aportar 30 años o más perciben al mes un promedio de $ 1.275. según datos de la anses, la jubilación equivale a sólo el 36% del sueldo promedio de los trabajadores en actividad.
El Gobierno salió al cruce de un proyecto de la oposición que propone fijar el piso de las jubilaciones en el 82 por ciento del salario mínimo de los trabajadores en actividad. De desalentar la posibilidad de este aumento en las jubilaciones se ocupó el propio ex presidente Néstor Kirchner, quien aseguró que el Estado no cuenta con los recursos para afrontar ese incremento y pidió "realismo" a quienes impulsan el proyecto.
Se han usado los recursos de la ANSeS en medidas proselitistas de dudosos resultados, que fueron desde financiar el consumo de autos, electrodomésticos, bicicletas, etc, todos estos, proyectos fracasados desde sus inicios; pasando por regalos indiscriminados de decodificadores de televisión digital, hasta préstamos a la multinacional estadounidense General Motors .
Las explicaciones brindadas en el Congreso por el director de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Diego Bossio, no alcanzan para convencer a los jubilados y a muchos de los aportantes al sistema previsional de que no están siendo despojados de los fondos que deberían estar exclusivamente destinados a asegurarles su bienestar y su futuro.
Sin siquiera reparar en las justificadas quejas de quienes son las únicas víctimas de una incesante expoliación, el gobierno nacional maneja como propio ese patrimonio, olvidando que tiene el inexcusable deber de protegerlo y, si cabe, acrecentarlo, en vez de dilapidarlo, como las circunstancias indicarían que está haciendo.
No se trata de suposiciones prejuiciosas: las propias autoridades han reconocido más de una vez que de la masa de recursos depositada bajo su tutela, con el pretexto de iniciativas sociales solidarias, han sido "tomados" fondos que hasta han servido para darles préstamos a empresas en apuros o, también, para financiar proyectos de dudosa rentabilidad, como las frustradas adquisiciones de automóviles, heladeras, lavarropas, bicicletas y hasta el reciente plan de "regalar" más de 1.500.000 decodificadores de televisión digital; una fiesta con imprevisibles resultados.
Pero el modo en que el Gobierno maneja los ahorros jubilatorios de los trabajadores empeora esa concepción deficiente, en la medida en que la manipulación de los recursos ni siquiera se adecua a la normativa de una entidad bancaria.
En muchos de ellos las justificaciones financieras en el uso del dinero son sustituidas por consignas ideológicas, siempre ligadas a la generación de empleo y distribución de la renta, sacrosantas advocaciones bajo las cuales el oficialismo justifica y blanquea casi todas sus acciones, por irregulares que sean.
El Poder Ejecutivo parecería haber olvidado que la Anses no debería ser siquiera una entidad bancaria, sino la ineludible administradora de los dineros de los actuales y futuros jubilados.
Hechos concretos explican y convalidan el pesimismo de la mayoría de la clase pasiva. Salta a la vista que los dineros de la Anses han servido y aún sirven para engordar la caja que el Gobierno utiliza de manera indiscriminada con el propósito de captar voluntades y así poder neutralizar las opiniones de los sectores remisos a admitir sus ambiciosas intenciones, sus destemplados procedimientos y sus particularizadas políticas.
El capital del denominado Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses -alrededor de 150.000 millones de pesos- ha sido puesto al servicio, entonces, de un cúmulo de intervenciones de neto corte proselitista. En cambio, se sigue omitiendo emplearlo para concretar la siempre postergada vigencia del 82 por ciento móvil exigido por la Corte Suprema de Justicia en varios fallos y así darles un mejoramiento sustancial a las jubilaciones y pensiones mínimas, cuyos montos actuales hasta deberían avergonzar a quienes las otorgan.
En vez de mejorar la política previsional del Gobierno, el manejo oficial de la Anses tiende a degradarla. En la anterior administración de esa agencia, a cargo del actual ministro de Economía, Amado Boudou, se conocieron escandalosos detalles de operaciones de compra de bonos a valores superiores a los del mercado, que hoy investiga la Justicia.
Estas sangrías tienen que cesar.
Ni por asomo puede quedar latente el temor de que el día de mañana los jubilados encuentren que fueron privados de los recursos que, por lo general, configuran su único ingreso.
Ninguna razón justifica el indebido uso que está haciendo el Gobierno de los fondos previsionales, que no deben ser empleados para otra cosa que no sea el financiamiento del sistema jubilatorio. Y bueno sería que las autoridades tomasen nota de que algún día dejarán de serlo, preciso momento en que se les exigirá que rindan debidas cuentas de su desempeño, entre cuyas irrenunciables obligaciones figura, precisamente, la sensata y honrada administración de esos dineros previsionales que, por cierto, no les pertenecen.
L.H.M
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